Willy García puede esperar

Es probable que no exista en Canarias un colectivo profesional y empresarial más desesperado por cambiar el actual estado de cosas en su gremio que el Clúster Audiovisual. La sangría económica a la que ha sido sometido y la errática política de fomento de ese sector desde la Radiotelevisión Canaria hace tiempo que condujo a sus miembros a dar por perdido a Guillermo García, Willy García, y al actual Gobierno de Canarias. Cuando acabaron los tiempos de vacas gordas y se adelgazaron todos los presupuestos, muchas productoras se vieron abocadas al cierre y otras han tenido que subsistir a duras penas en medio de un panorama desolador producto de los recortes y del producto final de una gestión tan poco meditada. Pero quienes han sido capaces de esperar ocho años piden paciencia a los que ahora pretenden dar por terminada febrilmente la etapa de Willy García al frente del ente público. El Clúster Audiovisual de Canarias elogia la ley que con tanto esmero trabajaron diputados como Manolo Fajardo, del PSOE, pero precisamente por respeto al espíritu y a la letra de esa misma ley, reclaman de los señores y señoras diputados que no desesperen y que aguarden a la próxima configuración que va a tener en escasos dos meses el Parlamento de Canarias, para poner en marcha su aplicación. Es decir, que no se conforme el primer Consejo Rector de RTVC con la actual proporcionalidad de representantes (dos del PP, dos de CC y uno del PSOE), por dos motivos evidentes: para que esa composición responda de manera más adecuada al Parlamento que emane de las urnas el 24 de mayo, y para que en la medida de lo posible se ponga coto al pacto Soria-Clavijo. Un dúo que, de gobernar, haría todo lo posible por perpetuar el actual modelo de control partidista del ente público, el uno queriendo cerrarlo si no lo controla, y el otro haciendo todo lo posible por controlarlo al modo que ha hecho hasta ahora su partido. Esperar a después de las elecciones entregaría representatividad a otras fuerzas emergentes, como Podemos o Nueva Canarias, lo que quebraría esa dinámica dual que ha conducido a lo que el Clúster no ha dejado de denunciar estos años.

Viene una nueva recusación

Parecen haber nacido gafados los primeros pasos de la nueva ley audiovisual de Canarias, llamada noblemente a democratizar y transparentar un medio que había caído en el desprestigio social, profesional e industrial. A la designación de un ser que no puede ser de nombre Juan Santana como vocal a propuesta del PP, y a la consecuente renuncia de Paco Moreno por esa indebida presencia en el consejo, ha seguido la designación de dos nuevos candidatos. Uno, el sustituto de Santana, parece responder a la cualidad de la inocuidad, pero la otra, la sustituta de Paco Moreno, va a sufrir en carne propia el oprobio de la recusación por manifiesta incompatibilidad. Así es. María Lorenzo, hasta ahora consejera delegada de la empresa propietaria de Canal 8 de Televisión, con sede en Tenerife, podría ser recusada en el trámite parlamentario por el mismo partido que recusó a Santana, Nueva Canarias, al constatar que sus vinculaciones empresariales le contaminan para ejercer como baluarte de los intereses públicos. Porque por mucho que la señora Lorenzo venda sus participaciones, dimita de todos sus cargos en la sociedad familiar y se desvincule profesionalmente de la tele que dirige, permanecerán unos lazos de los que difícilmente puede desligarse. La ley audiovisual es muy rigurosa en este aspecto y por ello ha invalidado a numerosos candidatos que estuvieron en cartera estos últimos meses. La incompatibilidad legal impediría a María Lorenzo trabajar en lo que trabaja ahora, pero el cargo de vocal del Consejo Rector al que opta no está remunerado, lo que conduce a preguntarse de qué va a vivir esta profesional, por otra parte muy reconocida en el sector. Pero es que, además, su padre continuará siendo el tenedor de la casi totalidad de las participaciones de la empresa, lo que la obligaría a abandonar las sesiones del órgano rector de la RTVC cuando se abordaran asuntos que directa o indirectamente tuvieran que ver con la actividad televisiva familiar. Pero, ¿dónde colocarán los consejeros esa raya? Pero para colmo, María Lorenzo mantiene litigios con RTVC y con Retevisión a cuenta de otro negocio familiar, la prestación del servicio de transporte de señal televisiva, un negocio de varios millones de euros que podría acabar en los tribunales, incluso con denuncias penales de por medio. Ante este panorama, el PSOE, al parecer más por impulso de Julio Cruz que de Paco Spínola, como sostuvimos aquí erróneamente, se empeña en impulsar el Consejo Rector para colocar –se supone que sin querer- a esta enorme profesional en una situación nada deseable. Lo mejor es que siga los pasos de Paco Moreno a la espera de una ocasión más propicia.

Más pucherazos en el PSOE tinerfeño

Vino el tal Luena por aquí, secretario de Organización del PSOE, a decir al mundo que Patricia Hernández es la mejor candidata. Va aprendiendo César Luena a manejarse en las procelosas aguas del cinismo político porque si la memoria no nos falla fue él el que trató de condenar a Patricia Hernández a galeras por el pucherazo en las agrupaciones del sur de Tenerife durante el proceso de primarias que la proclamó vencedora. Pero en ese aprendizaje, Luena todavía no ha llegado a la lección en la que se aborda la obligación de prudencia cuando en territorios de ultramar te preguntan por los pactos postelectorales. El hombre habló bien de Coalición Canaria y la candidata tardó 48 horas en decirle que lo único que parece claro es que no habrá conchabo con el PP. Y punto. No sabemos si el secretario federal de Organización tuvo tiempo de conocer en profundidad al secretario general del PSOE en Tenerife, Manuel Fumero, que está haciendo un estropicio por donde quiera que va en aplicación de la consigna de colocar a todos los patricios en todos los puestos de salida de las listas electorales. Si no lo conoció, Luena ya tendrá oportunidad de hacerlo cuando, al finalizar este convulso proceso de pre-elegidos todo termine sobre la mesa de Pedro Sánchez con un ultimátum de la candidata: o se acepta mi lista o yo me mando a mudar.

Gustavo Matos gana al secretario general

Porque por mucho empeño que ponga Fumero en imponer sus listas, hay hitos que no pueden soslayarse alegremente. Por ejemplo, la que se armó este martes en la Ejecutiva insular, con su secretario general enfrentado abiertamente al número uno al Cabildo, Aurelio Abreu, que se negaba en redondo a aceptar la purga que Fumero le imponía. La cosa acabó en tablas: ninguno de los dos aceptó lo que el otro proponía, lo que desembocará en una nueva Ejecutiva insular la tarde de este miércoles, dos horas antes del Comité Insular que ha de aprobar la plancha. Tampoco ha salido muy bien parado el secretario general del PSOE tinerfeño en su empeño por hacerse con la segunda plaza al Parlamento por esa isla, justo detrás de la candidata Hernández. Está confirmado que cuenta con el apoyo de su agrupación local, Vilaflor (25 militantes) y con las agrupaciones del Sur, las que catapultaron de aquella manera a la candidata regional (500 militantes en total), pero ha resultado bochornosamente derrotado en agrupaciones como el área metropolitana y la Isla Baja (700 militantes) y, como mucho, conseguido que su nombre se proponga junto al de Gustavo Matos en el resto (830 militantes). Pero ya anda haciendo pucherazo porque precisamente en estos últimos casos afirma que en las propuestas él fue siempre por delante del actual director general de Comercio, que al menos tuvo los bemoles de presentarse a primarias sin padrinos. Le piden las actas y no las enseña, pero ya se las pedirá la Ejecutiva Regional para rematar esas listas y tendrá que mostrarlas. A estas horas sigue sin producirse acercamiento entre Patricia Hernández y los otros dos candidatos que coparon el 60% de los votos en las primarias socialistas regionales. El encefalograma sigue dando planicie en algunos sectores del PSOE canario. ¿Lo tendrá que resolver Ferraz? Qué vergüenza, ¿no?

Pamparacuatro se entera por la prensa

Todavía no hemos logrado confirmar que el magistrado César Romero Pamparacuatro haya recibido formalmente el auto por el que se admitió a trámite la querella que contra él y la secretaria de su juzgado interpuso el rey de la muy convulsa noche lagunera, Evaristo González. Sí quedó probado que el auto en cuestión no contenía la resolución de la magistrada ponente de que se notificara a los querellados, lo que muy probablemente haya retrasado indebidamente tan imprescindible diligencia. También tenemos acreditado que el mismo juez y la secretaria judicial de su juzgado se enteraron la tarde-noche de este martes por la prensa de que ambos habían sido citados a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 7 de abril, lo que confirma que las notificaciones llegan antes a los abogados del querellante que a los jueces y secretarios mismos, y eso que en teoría no habrían de salir del conducto puramente judicial. A medida que pasan los días y afloran estas escaramuzas aparentemente tan inocentonas, más crece el olor a podrido que rodea toda esta causa. Que el principal sospechoso del robo de expedientes en el juzgado en el que está encartado pueda colarle a la justicia una querella contra el juez que le investiga no es que sea un triunfo de la independencia y de la neutralidad de la propia justicia, sino más bien su más grotesca caricatura.

Lo que dice la querella

Hasta el día 7 de abril ni el juez Pamparacuatro ni la secretaria judicial Pilar Granda van a conocer el contenido de la querella que le interpuso su mega imputado Evaristo González. Nosotros sí la tenemos y ya les adelantamos que no les va a hacer puñetera gracia cuando la conozca. Toda ella gira en torno a la falta de medios tecnológicos y humanos denunciada por el magistrado y certificada por la secretaria judicial. Unas carencias que retrasaron considerablemente, a juicio del instructor, el levantamiento del secreto de las actuaciones del caso Corredor y, por ello, su acceso a las partes. Entre otras lindezas dice el abogado de González, que al juez Pamparacuatro le mueve “la venganza” , pero no solamente contra su cliente, sino contra el sistema, que el redactor de la querella identifica con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias. ¿Y por qué tenía afán de venganza el juez instructor? Muy sencillo. Siempre según la particular versión del querellante, porque no le concedieron juez de apoyo cuando instruía en Lanzarote el caso Unión ni le permitieron acabar la instrucción en comisión de servicios. Esa venganza alcanzó también de manera inexplicada (al menos en la querella) a Evaristo González, mediante una “altísima fianza [que el letrado dice que ha sido inferior a las de los casos Urdangarín y Pujol] para poder recuperar parcialmente su libertad ambulatoria, así como existiendo decenas de prohibiciones de disponer con relación a bienes propiedad de clientes del señor González Reyes”. Una situación pecuniaria que ha generado al pobre Evaristo “la pérdida de la confianza de todas esas entidades y personas” que al parecer le prestaron las perras para pagar la fianza. No vamos a ser nosotros los que pongamos en entredicho ese prestigio, ya lo hacen en La Laguna los que lo conocen bien.

Pamparacuatro, “contra la casta política”

Pero en el colmo de las especulaciones, y seguramente a sabiendas de que sembraba en terreno abonado, el letrado de Evaristo González llega a afirmar en la querella que el juez Pamparacuatro levantó el secreto del sumario “cinco meses antes de iniciarse el periodo electoral y justo cuando uno de los imputados ha sido nombrado (sic) candidato a figura número uno de la política regional canaria, como es ser candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias”. Y añade: “Queda meridianamente clara la sospecha de que es el ánimo vengativo contrala clase política o casta política –como tan de moda está decir ahora- y la sospecha de que también ha podido ser la causa del retardo malicioso ese ánimo espurio”. La acusación tiene su enjundia por varios motivos. Casa muy mal acusar al juez de pretender dañar a Clavijo una vez ya había sido designado candidato. Más daño le hubiera causado si hubiera hecha pública su imputación en septiembre, antes de su elección. Una causa así lo habría apartado por completo de la carrera presidencial. Tampoco refleja la instrucción especial inquina en los asuntos que atañen a Clavijo, sobre todo teniendo en cuenta que poco a poco se le han ido abriendo las puertas al archivo de prácticamente todos los cargos que pesaban sobre él al principio de las diligencias. Que uno de los abogados que más está contribuyendo a enfangar el asunto y a retrasarlo pretenda erigirse en mentor del candidato nacionalista tiene, por lo demás, bastante guasa. Esperen cualquier cosa a partir del 7 de abril.