Descubierto en Las Palmas de Gran Canaria un almacén ilegal con residuos tóxicos

La Guardia Civil, con la colaboración de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias, precintó el 31 de marzo un almacén de 4.585 m2 distribuido en cinco alturas en Las Palmas de Gran Canaria que contenía multitud de residuos tóxicos derivados de la construcción de instalaciones deportivas.

Según informa la Benemérita, fue el Seprona de San Mateo el que recibió el pasado mes de enero una denuncia anónima sobre la existencia de una gran cantidad de residuos peligrosos en un almacén industrial vinculado a una empresa de instalaciones deportivas ubicado en la capital.

Los agentes contactaron con la supuesta empresa responsable del almacén, pero no pudieron acceder en un primer momento al mismo para su inspección por falta de colaboración por parte de la gerencia de la compañía responsable de la acumulación de los residuos incautados, quien exigió una orden judicial para permitir el acceso.

Estos hechos se pusieron en conocimiento de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias, y se iniciaron las gestiones para requerir al responsable de la nave que se pudiera inspeccionar.

De esta manera, se averiguó que dicha nave industrial era usada como almacén de residuos de una empresa dedicada a la construcción de infraestructuras deportivas aunque la compañía quebró y actualmente es propiedad de una entidad bancaria.

Dicha entidad desconocía el contenido de la nave, por lo que, tras ponerles en antecedentes, autorizó que los agentes realizasen la entrada e inspección donde se encuentran acumulados los residuos peligrosos denunciados.

Durante la inspección, el Seprona localizó entre los residuos almacenados diversos productos considerados como precursores de explosivos y otros cancerígenos, siendo, además, altamente tóxicos.

Con todo, la colaboración interinstitucional permitió identificar a los responsables legales de los materiales y precintar la nave como medida cautelar, impidiendo su uso hasta la retirada segura por una empresa autorizada.

Una vez concluida la intervención se llevó a cabo la elaboración de un informe detallado que se remitió a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para determinar la gestión definitiva de los residuos precintados.