Ecologistas en Acción denuncia los efectos de minería submarina Fuerteventura y Lanzarote

Ecologistas en Acción ha publicado un informe en el que alerta sobre los efectos que la minería submarina puede tener en zonas como los Bancos Concepción y Amanay ,así como El Banquete en el norte de Lanzarote y suroeste de Fuerteventura, por lo que recomienda una moratoria de esta actividad para proteger los montes submarinos.

Los montes submarinos de Lanzarote y Fuerteventura contienen mineralizaciones con potencial interés para la explotación comercial, por lo que la minería submarina en estas zonas tendrá graves efectos sobre la biodiversidad marina, y supone una amenaza a toda la cadena trófica, incluso a la productividad pesquera, han alertado en un comunicado.

Ecologistas en Acción ha publicado ‘Ojos que no ven… la minería submarina en España’, un informe donde expone los impactos que esta actividad minera puede tener sobre la biodiversidad marina, así como las amenazas a las que se exponen las aguas españolas y muy particularmente las de Islas Canarias.

Además de la presencia generalizada de cobalto, las investigaciones realizadas en buena parte de los montes submarinos de Canarias mostraron ocurrencias significativas de níquel, cobre, niobio, vanadio, tierras raras, itrio, hafnio y elementos del grupo del platino.

De hecho, el mapa europeo de depósitos minerales submarinos, elaborado con la colaboración del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), apunta a la existencia de depósitos ricos en cobalto en montes submarinos situados al norte de Lanzarote y al suroeste de Fuerteventura.

Precisamente, estos lugares acogen hábitats prístinos submarinos, con especies vulnerables de corales y campos de esponjas, han señalado desde la ONG ecologista.

De hecho, el Banco de la Concepción (al norte de Lanzarote) y el Espacio marino del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura, están integrados en la Red Natura 2000 como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), pero hoy por hoy esta figura no garantiza su protección frente a la minería submarina.

Precisamente, esta reclamación aparece en el informe de Ecologistas en Acción por tratarse de zonas vulnerables que albergan una biodiversidad extraordinaria aún poco conocida y sirven de hábitat y despensa para millones de especies.

La organización ecologista ha advertido de que 2020 es un año clave, pues la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos planea lanzar el código que regulará la extracción de minerales en alta mar y se suma así a las numerosas voces, incluyendo ONGD, organizaciones pesqueras y la propia Unión Europea, que piden una moratoria para esta actividad mientras sus impactos potenciales no sean totalmente conocidos.

Lo que sí se sabe sobre la minería submarina es que tendrá enormes efectos sobre la biodiversidad marina en un ambiente muy poco conocido, pudiendo afectar a toda la cadena trófica y amenazando incluso la productividad pesquera.

La destrucción o extinción de especies, provocadas por la minería submarina, podría impedir además el descubrimiento de nuevas medicinas, asociadas a formas de vida de las profundidades oceánicas.

Sin ir más lejos, el test de la covid-19 se desarrolló utilizando una enzima aislada de un microbio hallado en respiraderos hidrotermales de aguas profundas, un hábitat muy escaso y ahora bajo la amenaza minera.

El informe Ojos que no ven… La minería submarina en España hace hincapié en los riesgos que supone autorizar una actividad tan difícil de controlar y cuyas consecuencias son impredecibles.

En sus páginas se explica cómo las nubes submarinas de sedimentos con metales pesados pueden desplazarse miles de kilómetros y afectar a zonas distantes; y cómo las perturbaciones de los fondos oceánicos pueden tener impactos globales, al alterar la capacidad de fijar carbono que realiza el fitoplancton.

Frente a ello, se han invertido millones de euros estatales y europeos en proyectos para el avance de la minería submarina que, según el informe, “ponen en riesgo lo que deberíamos proteger”.

Además, Ecologistas en Acción ha denunciado cómo el Estado español ha confiado su representación en los órganos técnicos de la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos a expertos en minería proclives a la explotación, marginando a la comunidad científica que mejor podría contribuir a la conservación y al análisis de los potenciales impactos en estos ambientes.

La organización ecologista participa en una campaña internacional que lidera la “Deep Sea Coalition”, una alianza de más de 80 organizaciones, que busca el establecimiento de una moratoria sobre esta actividad y promueve alternativas a la destrucción de los fondos oceánicos.

Entre las medidas propuestas, se incluye el máximo aprovechamiento de los materiales actualmente disponibles y el reciclaje obligatorio de residuos con contenidos metálicos.