El Gobierno canario también abre expediente sancionador por daños en el yacimiento arqueológico en Veneguera

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha iniciado un expediente sancionador a la empresa Costa Veneguera S.A, tras la visita de inspección realizada junto al Cabildo de Gran Canaria, el pasado 11 de abril, al yacimiento arqueológico de la Cañada del Mar, un enclave que cuenta con la categoría BIC ubicado en el barranco de Veneguera, en el suroeste de la Isla.

En un comunicado, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, de la que depende Patrimonio, detalla que durante la visita de inspección se ha verificado que las obras de desmonte y ataluzado de la ladera realizadas por la promotora han provocado “daños irreversibles muy graves”. En concreto, asegura que se ha destruido, casi en su totalidad, cuatro estructuras de piedra seca a la que se asocian depósitos y materiales arqueológicos, como fragmentos de recipientes cerámicos, industria lítica, moluscos marinos o fragmentos de óseos de fauna terrestre presentes en superficie que podrían perderse de forma definitiva.

Por otro lado, en el yacimiento arqueológico Playa de Veneguera-Fortaleza, se ha comprobado que las obras han afectado a la delimitación del bien inventariado, transformado parte del espacio, que ha sido aplanado por las máquinas que trabajaban en la zona, según la nota, que matiza que la responsabilidad sancionadora en este enclave corresponde al Cabildo de Gran Canaria.

Patrimonio añade que el área afectada se encuentra dentro de la Zona Arqueológica Cañada de la Mar, declarada Bien de Interés Cultural (BOC núm. 149, de 01/08/2005). Por ello, especifica que debía contar con autorización del Cabildo de Gran Canaria a tenor del arículo.73.1 de la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias, que dispone que: “En los bienes inmuebles declarados de interés cultural o con procedimiento incoado al efecto será necesaria la autorización del respectivo cabildo insular, previo dictamen favorable de la comisión insular, para la realización de cualquier intervención, interior o exterior, o el cambio de uso.”

En este caso es de aplicación el art.139.a) de la Ley 11/2019, que determina como infracción grave en materia de patrimonio cultural de Canarias “realizar sin la preceptiva autorización o licencia o incumpliendo las condiciones de su otorgamiento cualquier intervención o cambio de uso sobre bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias, si ello comporta daños graves.”

En consecuencia, tanto las valoraciones realizadas por la Inspección del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y por la Alta Inspección de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ratifican que esta actuación es constitutiva de infracción muy grave. En este sentido, el comunicado recuerda que la sanción para las infracciones muy graves una multa que puede oscilar entre los 150.000 y los 160.000.

La empresa promotora cuenta con un plazo de quince días para presentar sus alegaciones. El pasado 13 de abril, después de conocerse que el Cabildo de Gran Canaria iniciaba expedientes sancionadores por daños a los dos yacimientos arqueológicos, Costa Canaria Veneguera SA emitió un comunicado negando los daños. En concreto, dijo que sus actuaciones se limitaron a la erradicación de la explotación agrícola intensiva existente en la zona y la demolición de muchas edificaciones existentes vinculadas a la agricultura, que tienen su origen en las obras para ejecutar un proyecto de urbanización hace más de 40 años, resaltando además que contaba con todas las autorizaciones pertinentes.

La empresa abundó que las actuaciones en el barranco estaban encaminadas a la recuperación de la actividad agrícola después de que quedaran “abandonadas” por las obras ejecutadas por su urbanización. Además, resaltó que desde el momento en el que se declaró al Barranco de Veneguera como espacio protegido, nunca se han realizado obras distintas a las de recuperación de las antiguas explotaciones agrícolas.