Sánchez-Simón exigirá el pago de 11 millones en tasas sin cobrar desde 2003
El presidente de La Autoridad Portuaria de Las Palmas, Javier Sánchez Simón, anunció este lunes que exigirá a las 200 empresas que conforman la práctica totalidad de la comunidad portuaria el pago de unos 11 millones de euros que se han dejado de ingresar en cuatro años porque no se ha exigido.
Se trata, dijo, de una “campaña importante” que se ha puesto en marcha para exigir, como no se hizo por parte de “la dirección o gestión anterior”, que “no actuó con arreglo a derecho”, el pago de la tasa de actividad portuaria, del que han estado eximidas más de 80 de esas 200 empresas por expreso acuerdo del consejo de administración de Puertos de Las Palmas, unos acuerdos que, según dijo, “son ilegales”, por lo que se declararán nulos. Sánchez Simón explicó que estas tasas las establece la Ley de Puertos del Estado y destacó que su recaudación es “imprescindible” para la ejecución del presupuesto de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
El presidente de Puertos de Las Palmas explicó que estas tasas se aplican desde 2003, por lo que no existían cuando se acordaron concesiones administrativas anteriores, cuyos títulos, dijo, se tenían que haber modificado a partir de la entrada en vigor de los nuevos tributos, cosa que no se hizo. Sánchez Simón precisó que en este asunto no se ha favorecido a una empresa determinada, sino que se “ha actuado sin el rigor correspondiente para exigir este tributo”.
La adaptación debía ser inmediata, lo que pasa es que en algunos casos el proceso es complicado y va a tardar tiempo porque tiene que intervenir el propio Consejo de Estado Para acometer el cobro de estas tasas, la Autoridad Portuaria de Las Palmas está requiriendo información a las empresas y prevé someter a inspecciones a aquellas que no la faciliten, dijo.
En algunos casos será preciso modificar sus título concesionales para adaptarlos a la ley; en otros se anularán los acuerdos del consejo de administración que eximían a otras del pago de estos tributos y, en un tercer supuesto, el de las empresas cuyos títulos concesionales establezcan “que no se va a exigir”, se declarará la nulidad de esos apartados.
“Nada de nada”
Sánchez Simón criticó que en este asunto no se haya hecho “nada de nada” y destacó que, además de incurrir en una responsabilidad, la Autoridad Portuaria se ha visto obligada a exigir estos pagos ante su inminente prescripción. “No es función de una administración dejar de prescribir sus ingresos”, aseveró el presidente, quien también anunció sus “planes” para conseguir “la máxima ocupación de los espacios portuarios y el incremento de la actividad” que en ellos se desarrollan.
De igual forma, informó de que con el objetivo de controlar gastos en obras y asistencias técnicas, la Autoridad Portuaria de Las Palmas tratará de elevar al 85% la financiación europea de los proyectos en diques y espigones y favorecer, en el caso de los rellenos, la intervención del capital privado a través de la materialización de fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). “De esta forma, el Puerto no aumento su tasa de actividad y conduce sus inversiones a lo estrictamente imprescindible, es un cambio en la estructura financiera”, dijo.
Con esta fórmula, Sánchez Simón consideró que se podrán hacer más obras en menos tiempo.
