Los agricultores exigen medidas ante la crisis
Dirigentes de ocho organizaciones agrarias acusaron este jueves a la Unión Europea (UE) y al Gobierno español de falta de sensibilidad “total y absoluta” con el campo canario y exigieron al Ejecutivo regional medidas para garantizar la continuidad del sector, que vive “la mayor crisis conocida”.
Así lo indicaron en rueda de prensa los presidentes de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga), Henry Sicilia; de la Asociación de Cosecheros Exportadores de Tomate (Aceto), Francisco Mesa; de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), Pedro Molina; y de Viñedos de Tenerife, Jorge Zerolo.
También analizaron cómo la crisis afecta al sector el presidente de la Federación de Empresarios Exportadores de Productos Hortofrutícolas (Fedex) de Las Palmas, Roberto Góiriz, el presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano (Asprocan), Francisco Rodríguez; el vicepresidente de Asocan (productores de plantas y flor cortada), Juan Daniel Marichal y Hernán Cortés, representante de los productores de tomate.
Henry Sicilia, de Asaga, afirmó que la crisis en el sector agrario no es coyuntural, sino que tiene un carácter estructural “sin precedentes” y por “la respuesta debe ser una contestación sin precedentes”.
“Debemos actuar y tratar de superar esta difícil situación con profesionalidad, creatividad y audacia”, dijo Sicilia, quien advirtió sobre la necesidad de “abrir los ojos”, pues una de cada seis personas en el mundo pasa hambre “y la despensa de Canarias no puede depender en su totalidad de terceros”.
Criticó el que, en su opinión, no se están cumpliendo los objetivos de la Política Agraria Común en cuanto a garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilidad de los mercados, seguridad en el abastecimiento, precios razonables e incremento de la productividad en la agricultura.
Detalló que la importación masiva de productos de terceros países está perjudicando a la exportación canaria de tomate, plátano, flores y plantas, a lo que se suman “los claros desequilibrios” provocados por las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA).
Estos desajustes impiden el desarrollo del sector y provoca un retroceso en las producciones, según el sector, que pide al Gobierno de Canarias que dé prioridad al incremento de la oferta agraria en las islas y busque un equilibrio adecuado con prioridad para la producción local frente a las importaciones.
Como ejemplo, Roberto Góiriz detalló el retroceso que sufre el sector, pues la superficie cultivada de tomate ha pasado de 3.596 hectáreas en 1998 a 1.856 en 2007, y la de la papa pasó de 6.150 a 4.158 hectáreas en las mismas fechas.
La producción varió de 111.772 toneladas de papa en 2004 a 85.605 tres años después, y la de tomate pasó de 214.224 a 159.644 toneladas.
En cuanto al empleo, mientras en 1999 había 30.972 trabajadores en la agricultura y la ganadería de las islas, diez años después esta cifra es de 20.276 personas, un 34% menos.
Ello va paralelo a un incremento “espectacular” en los costes de la producción agraria, que es también de un 34% en el conjunto del Estado y que en Canarias se agrava con la dependencia del exterior y los costes de su lejanía.
Pedro Molina, presidente de Agate, subrayó que es muy difícil competir con las multinacionales del sector y señaló que el Gobierno canario tiene la obligación de aplicar políticas que fijen unas cuotas para el autoabastecimiento de las islas, pues “cada vez que compramos productos de fuera, se desvían fondos”.
Jorge Zerolo, de Viñedos de Tenerife, recordó que el sector en las islas está formado por “microbodegas” que este año se enfrentan a un recorte en un 40% en su producción y reivindicó que el vino importado pague gradualmente el Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM) hasta llegar a un tipo del 15%.
El representante del sector tomatero Hernán Cortés reclamó ayudas al transporte por parte de Bruselas y el Gobierno español, mientras que el presidente de Asprocan, Francisco Rodríguez, alertó sobre la posibilidad de que en tres años el arancel a la importación de banana se fije en 40 euros por tonelada.
Además Juan Daniel Marichal, representante de los productores de flores y plantas, advirtió sobre el aumento en un 4 por ciento de los costes de la seguridad social para el sector, que se enfrenta a competidores de Egipto, Kenia, Ecuador y Zimbabue, donde estos costes se cifran “en un euro al día”.
El sector se enfrenta además a la falta de controles fitosanitarios y a las dificultades para acceder a créditos por parte de la banca.
Como solución proponen que España asuma su liderazgo para que la Política Agraria Común tenga estabilidad “más allá de 2013”, modificar la Organización Común de Mercado, apoyar las energías renovables en el sector, evolucionar hacia el cooperativismo, defender una política hidráulica para el campo y fortalecer la incorporación de jóvenes y mujeres a esta actividad, entre otras.
