Canarias da el visto bueno al proyecto de ley que regulará la renta de ciudadanía

El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el proyecto de ley que regulará la renta canaria de ciudadanía, un recurso social que sustituirá a la actual Prestación Canaria de Inserción (PCI) y con la que el Ejecutivo aspira a llegar a al menos 40.000 personas en varias fases.

Así lo ha explicado la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos), en una rueda de prensa en la que ha detallado que el documento será ahora remitido al Parlamento regional para su debate y la aprobación definitiva de lo que considera un “cambio de modelo” que equipara al Archipiélago al resto de comunidades.

Santana ha explicado que se trata de un instrumento para dotar con unos ingresos mínimos a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad y poder así hacer frente al día a día.

En la primera fase, que consistirá principalmente en sustituir a las PCI vigentes, las personas beneficiarias, en torno a unas 10.000, verán incrementada la cuantía de la prestación, además de no estar sujeta a un límite de tiempo, por lo que desaparecerán las renovaciones en favor de un sistema de revisión anual que constatará si las persona sigue necesitando la renta ciudadana.

“Las personas que sigan en situación de pobreza o vulnerabilidad podrán seguir siendo beneficiarios mientras continúe la situación de riesgo”, ha afirmado la consejera, que ha aseverado asimismo que se “agilizarán muchos los trámites” y se acortarán las listas de espera.

En las siguientes fases, el Gobierno canario apuesta por un complemento a la vivienda para acceder a este derecho “en mejores condiciones que ahora”, así como por otro complemento a las pensiones no contributivas con el objetivo de subir las cuantías.

En una última fase, la renta ciudadana podrá complementar asimismo los salarios de aquellas personas con trabajos precarios y podrá servir, además, como un suplemento para los estudios. “No nos gustaría que en esta comunidad autónoma haya personas que no puedan seguir estudiando por culpa de las condiciones económicas de su familia”, ha subrayado Noemí Santana.

La cuantía mínima de la renta ciudadana, para una persona, por ejemplo, se situará en los 517 euros, mientras que la horquilla superior se sitúa en torno a los 1.100 euros para una familia de cuatro hijos y dos progenitores. Además, la Consejería ha estimado que necesitarán un presupuesto de unos 60 millones de euros para empezar a implementar esta renta.

Preguntada por los tiempos que maneja para poner en marcha este recurso, Santana ha dicho que dependerá de lo que se dilate la aprobación en el Parlamento canario, si bien ha dicho tener su previsión para comenzar el despliegue de la medida en 2023.

Respecto a convivencia entre distintas prestaciones, esta renta, pese a sustituir a la PCI, será compatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), un instrumento del Gobierno de España que en Canarias beneficia a unas 18.000 personas, porque, a su juicio, llegará “a unos perfiles a los que no llega el Ingreso Mínimo, por lo que habrá convivencia entre ambos”.

El Gobierno busca, según Santana, evitar lo que sucedió en su momento con la implementación del IMV, que registró una alta demanda pero un tiempo prolongado de resolución. Para ello, ha dicho, han incorporado a unas 60 personas para agilizar la concesión de estas prestaciones “porque se trata de personas en situación extrema”, ha dicho Santana, que ha agregado que es una ley muy ambiciosa “que va a proteger a mucha gente”.

“Queremos ser realistas y no generar falsas expectativas a la ciudadanía, que va estar más protegida que nunca. Cuando llegamos al Gobierno eran 5.000 personas las beneficiarias de la PCI y hoy son 9.500, además de las 18.000 personas del IMV. El escudo social se ha fortalecido sin duda en estos dos años”, ha concluido la consejera.