COAG regala productos agrarios para denunciar el margen de la distribución

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG) y la Unión de Consumidores de España (UCE) han puesto en marcha hoy una iniciativa denominada “mercadillo transparente”, con la que quieren denunciar “de forma amable” los abusivos márgenes de beneficios que se llevan los grandes distribuidores de productos del campo locales, que llegan a ser hasta del 400% entre lo que percibe el cultivador y lo que paga el consumidor, según explicó el presidente de COAG, Rafael Hernández.

Para llamar la atención de los ciudadanos y administraciones ante este problema que afecta por igual al agricultor y al consumidor, los organizadores lo evidenciaron claramente a través de la exposición y reparto de una selección de frutas y hortalizas con un doble etiquetado, en el que se confrontaba el precio que el productor recibe por su género y el que se paga en los puntos de venta al público.

Centenares de personas hicieron cola en la Plaza de la Candelaria de la capital tinerfeña a partir de las 11:00 de la mañana para llevarse por tan solo un euro una bolsa con todos aquellos productos que eligieran entre los expuestos: col, papas, pepinos, fresas, papayas, melones, brécol, plátanos, tomates, pimientos, puerros, coliflor? Todos ellos frescos y de la tierra. La recaudación se destina a beneficio de Cruz Roja, con lo que los organizadores no obtienen ningún beneficio de los 15.000 kilos que se han destinado a esta acción, que se ha desarrollado en otras 20 provincias de España con idéntico éxito.

Al mismo tiempo que aprovechaban la ocasión de hacer una compra redonda y contribuir a una acción social, las personas que se acercaron al mercado transparente pudieron contrastar el precio de los productos hortofrutícolas en origen con el que pagarían hoy en el supermercado. Así, valgan como ejemplos los de las papas (de 20 a 95 céntimos); la coliflor (de 0,60 a 1,44 euros); la col (de 0,15 a 1,67 euros); los pimientos (de 1,60 a 5 euros); la papaya (de 0,50 a 3,69 euros), los tomates (de 0,35 a 2,37 euros); o las berenjenas (de 0,60 a 2,88 euros), entre otros muchos.

Trescientas explotaciones menos al año

De esta forma tan evidente, COAG y UCE quieren que los ciudadanos sean conscientes de hasta qué punto “los grandes distribuidores meten la mano en los bolsillos de los consumidores y recortan los beneficios de los agricultores”, ocasionando que cada año desaparezcan en Canarias 300 explotaciones agrarias familiares por la progresiva reducción de su renta (un 10,6% el último año) y que la lista de la compra siga subiendo y siendo de las más caras de España.

A la pregunta de quién se queda con estas diferencias tan altas en el precio de venta y compra de los productos agrarios, el secretario general de COAG-Canarias, Rafael Hernández, es tajante: “El principal tramo de especulación está en los grandes distribuidores”, que cada vez son menos, de tal forma que el mercado está concentrado en manos de tres empresas -en el caso de Canarias- que lo controlan, lo que les permite fijar los precios más libremente. El proceso que siguen los productos comienza en el agricultor, que los vende directamente o a través de la cooperativa, que no se queda ningún beneficio. En este punto del proceso entran los intermediarios de distribución, que se han ido concentrando progresivamente hasta hacerse con el control del mercado, lo que les permite “incrementar sus márgenes de beneficio, subiendo los precios de venta al público y aumentando, por tanto, la distancia con respecto a su coste real”.

Este “monopolio” de la distribución de los productos de la tierra supone un problema añadido para los agricultores que “cada vez podemos vender a menos gente”, ya que “entre tres empresas ponen el precio del 50% de los productos, lo que supone un abuso de su posición de dominio del mercado”. La cooperativa también puede vender directamente a los puntos minoristas, pero debido a la concentración progresiva de cadenas comerciales, “los compradores se han ido reduciendo los últimos años, debido al cambio de las formas de distribución”.

Otro de los problemas con los que tienen que lidiar los productores locales es con la importación de los procedentes de fuera. De hecho, sólo el 18% de los vegetales que se consumen en Canarias son propios de las Islas y, debido a los márgenes de distribución, llegan a los consumidores a precios de producto de lujo, lo que muchas veces lleva a rechazarlos a favor de los foráneos, algo que perjudica la pervivencia de las explotaciones. Así, los organizadores también quieren crear conciencia sobre la necesidad de dar prioridad a la compra de productos locales “para defender la soberanía alimenticia”.

Es más, también denuncian “fraudes no perseguidos” de productos que se traen de fuera y se venden como autóctonos, entre los que citó como ejemplo “unas papas de Israel que se estaban vendiendo como de aquí, con el mismo precio y mucha menos calidad”.

Contra esta situación de “indefensión” de los consumidores, la COAG “receta” información, por lo que entre las reivindicaciones que persiguen con acciones como ésta, figura la implantación del doble etiquetado, la creación de un observatorio de precios, mediante el que se de a conocer el funcionamiento del mercado, así como el control de las importaciones y de las prácticas comerciales fraudulentas. Para todo ello, exigen que la administración actúe de oficio para “defender el interés general de los ciudadanos en una cuestión básica que es la alimentación y garantice que los márgenes de beneficio de los agricultores permitan un nivel de vida digno, que garantice la pervivencia del sector, ya que lo que perciben actualmente es un precio tan bajo que no cubre ni los costes de producción”.