Colectivos contrarios a Granadilla acudirán a los tribunales de Justicia
Pedro Anatael Meneses, portavoz de la Plataforma de defensa del puerto de Santa Cruz de Tenerife, junto a representantes de Ben Magec-Ecologistas en Acción, de Asamblea por Tenerife, Plataforma contra el Puerto de Granadilla y del partido político Unión Ciudadana.
Tras calificar de “catastrófico y de decisión política” el dictamen de la Comisión Europea que da luz verde al puerto de Granadilla, Pedro Anatael Meneses, antiguo presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, subrayó que, aparte de recurrir al Comité de Peticiones de la UE, “donde realmente tenemos nuestras esperanzas es en la Justicia”. A su juicio, “la Comisión ha tomado una decisión política por presiones del Gobierno canario y del central, y en su dictamen reconoce que el puerto de Granadilla tendrá un impacto medioambiental en la zona pero lo considera de interés público de primer orden porque considera que no hay alternativa”.
“Lo más curioso del dictamen es que a pesar de reconocer la afección medioambiental y señalar que no hay otra alternativa, no le importa entonces hacer un destrozo en Granadilla”, agregó el también profesor de la Universidad de La Laguna. Por ello, “iremos a los tribunales de Justicia para que se investigue quienes son los propietarios de los terrenos donde se va a construir el puerto y los adyacentes, y si ha habido información privilegiada”, señaló.
Por su parte, Toni Rodríguez, portavoz del colectivo ecologista, resaltó la contradicción que existe entre el dictamen de Bruselas, que admite impacto ambiental en los sebadales del sur de Tenerife y en Montaña Roja, con la declaración de impacto ambiental de febrero de 2003 que lo niega. “El dictamen también dice que las instalaciones portuarias existentes en Tenerife no podrán hacer frente al aumento previsto del tráfico marítimo, y no ha tenido en cuenta que se están ampliando la Dársena del Este y la Dársena de Pesca del puerto de Santa Cruz, con lo que aumentará la capacidad portuaria actual”, explicó el portavoz ecologista.
Además, “otra de las irregularidades que se aprecia en el dictamen, es que se dice que la ampliación del puerto de Santa Cruz tendría un impacto negativo sobre los habitantes de la capital, pero cuando se ha tenido en cuenta a los habitantes para hacer obras, como las del tranvía, por ejemplo”, se preguntó el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción. A juicio de Toni Rodríguez, la Comisión también se equivoca cuando en su dictamen señala que no hay espacio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para instalaciones logísticas e industriales, “cuando existen 220.000 metros cuadrados de la ampliación de la Dársena de Pesca para zonas logística e industriales”.
“Asimismo es falso el argumento de la necesidad de descargar el gas natural en el puerto de Granadilla, cuando en Gran Canaria se están planteando descargar gas sin necesidad de puerto, por el sistema off-shore que Endesa defiende por ventajas de seguridad y ambientales”, indicó Toni Rodríguez.
“La batalla no se ha terminado”
José Luis Fernández, del colectivo Plataforma contra el Puerto de Granadilla, dijo que a pesar del dictamen de Bruselas “la batalla no se ha terminado”. No en vano, “es la cuarta vez que acudiremos al Comité de Petición del Parlamento europeo y confiamos en la Justicia”.
Todos los representantes de los colectivos coincidieron en señalar que ahora más que nunca es importante la manifestación contra el puerto de Granadilla que se celebrará el próximo día 18 en Santa Cruz de Tenerife.
