La Comisión electoral de Caja Madrid informará al Rey de reparto de consejeros
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La comisión electoral de Caja Madrid ha decidido continuar el próximo lunes con la discusión sobre la impugnación presentada por el Ayuntamiento de Madrid respecto al reparto de consejeros cedidos por la Casa Real y, mientras tanto, enviará cartas informando sobre la situación a las partes afectadas: la Corona, la Asamblea de Madrid, las corporaciones locales y las entidades representativas.
Según informaron a Europa Press fuentes de la comisión, la reunión de este miércoles vivió nuevamente momentos de tensión cuando 'aguirristas' y 'gallardonistas' se enzarzaron en una agria discusión sobre el curso que debía darse a la documentación presentada por el Ayuntamiento de Madrid, que impugna el reparto de los 64 representantes cedidos por la Casa Real en noviembre de 2008.
Los 'aguirristas' comenzaron reclamando la inhibición de Serrano a la hora de decidir si se acepta la impugnación del Consistorio, a la luz de una supuesta incompatibilidad por ser Defensor del Contribuyente de la capital, y por tanto parte interesada. Este debate, también sumamente encendido, quedó aplazado para el próximo lunes.
Dado que la polémica ha vuelto a saltar a los medios de comunicación, los miembros de la comisión, presidida por Fernando Serrano (PP, Ayuntamiento), acordaron informar al Rey de que, en función de la nueva Ley de cajas de ahorros autonómica, los consejeros cedidos por Zarzuela se repartirán entre entidades representativas, Asamblea de Madrid y empleados.
El enfrentamiento se produjo incluso sobre quién firmaría dicha misiva, pues Serrano se negó a hacerlo. Finalmente, se acordó (con 9 votos a favor y 2 en contra, pues dos personas habían abandonado la sala) que rubricará la carta el secretario de la comisión y se zanjó la cuestión como un “traslado del acuerdo” cerrado a primeros de septiembre.
El Ayuntamiento buscaba precisamente que se anulen las solicitudes enviadas por la comisión electoral a la Asamblea de Madrid (53), los ayuntamientos (80) y las entidades representativas (62) para que den los nombres de sus representantes en la asamblea general antes del 9 de octubre, al considerar erróneo el reparto entre sectores de los 64 consejeros cedidos por la Casa Real, al excluir a las corporaciones locales.
Argumenta que, en el momento en que la entidad fundadora renunció a dichos puestos en la asamblea general de la Caja, en noviembre de 2008, “aún estaba en vigor la Ley de 2003, que preveía expresamente que, en estas circunstancias, los representantes de la Corona acrecentarían proporcionalmente por igual a todos los sectores”.
El delegado de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, ya ha avisado de que si la Comisión de Control de Caja Madrid no atiende a su impugnación sobre el reparto de los representantes de la Corona entre los sectores de la asamblea de la entidad, el Ayuntamiento acudirá al juzgado contencioso administrativo y al civil para solicitar una revisión de la constitucionalidad de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid.
Por ello, los defensores de que se aplique la nueva Ley buscan, al remitir cartas a todos los sectores afectados para que expongan lo que consideren oportuno, argumentos, pruebas y documentación de la diversidad de opiniones existentes ante la posibilidad de que el caso vuelva a los tribunales. En mitad del debate sobre esta cuestión, Comisiones Obreras, que había defendido que se enviara a todas las partes, anunció que su candidatura de impositores también podría presentar un recurso contra el reparto establecido, tras estudiar el caso.
Por otra parte, se solicitará otro informe jurídico sobre la situación, en concreto, al bufete Cuatrecasas, que vendrá a responder al ya existente de Uría Menéndez, que respalda las tesis del Ayuntamiento.
Es preciso recordar que la Ley de Cajas aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre ya se enfrentó la pasada primavera a un recurso de inconstitucionalidad que obligó a su modificación, aunque no respecto al reparto de los representantes cedidos por la Corona, pese a que el Ayuntamiento siempre defendió su incoherencia respecto a la Ley nacional de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA).
