La economía sumergida roza el 20% del PIB canario
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Sebastián Grisaleña, se mostró este jueves dispuesto a colaborar en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, minutos antes de una reunión de la Junta Directiva de la CCE con el subdelegado del Gobierno en Canarias, Vicente Oliva, sobre la entrada en vigor del Decreto 5/2011 de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor a partir del 1 de agosto.
Oliva recordó que las “estimaciones” cifran en un 19 o 20% del Producto Interior Bruto (PIB) regional la economía sumergida en Canarias y que a partir del 1 de agosto las medidas se van a endurecer. “Los controles van a ser mucho más duros y se van a incrementar en cuantía como en refuerzos en la propia inspección de trabajo”, explicó el subdelegado, quien anunció que las sanciones también aumentarán “ostensiblemente”.
En ese sentido, una falta de afiliación o alta de trabajadores en la Seguridad Social, que en la actualidad está penada con una sanción mínima de 626 euros y máxima de 6.250 euros por trabajador, pasará a costar un mínimo de 3.126 y un máximo de 10.000 euros.
Igualmente, contratar a perceptores de prestaciones de la Seguridad Social incompatibles con el trabajo (por ejemplo, parados con derecho a prestación o pensionistas) y no darles de alta, costará al empresario entre 10.001 y 187.515 euros.
Entre los efectos negativos “evidentes” de la economía sumergida, Oliva citó la distorsión del mercado de trabajo, así como el perjuicio para la protección social de los trabajadores y la deslealtad que implica hacia los entre empresarios que sí actúan conforme a la ley.
En términos similares se expresó el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña, quien advirtió que aquéllos que defraudan incurren en una “competencia desleal” frente a los que no lo hacen.
Por esa razón, se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades en la lucha contra el fraude y a trasladar a sus asociados la aplicación del nuevo decreto, si bien aseguró que “empresarios en sí” son pocos los que trabajan al margen de la ley “porque son responsables” y que ese tipo de prácticas son más propias de profesionales en paro.
