La juez ordena el embargo preventivo de 1.823 millones de euros contra los gestores de Afinsa
El Juzgado Mercantil número 6 de Madrid ordenó el “embargo preventivo” de 1.823 millones de euros contra los consejeros de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Vicente Martín Peña, por haber “indicios” de que puedan ser declarados “culpables” en la insolvencia de la sociedad filatélica.
Así lo indica un auto de la juez Purificación Pujol en el que se indica que este proceso concursal “acabará presumiblemente” con la liquidación de los activos de la empresa que, según la administración concursal, suponen sólo 613 millones de euros por unas deudas de 2.436 millones de euros.
Dado que los activos no “resultan suficientes” para pagar la totalidad de los créditos concursales, la juez Pujol adoptó estas medidas cautelares sobre los bienes y cuentas corrientes del antiguo presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, también propietario del 50% de la compañía; el consejero-delegado Vicente Martín Peña, y el consejero de Afinsa, Carlos de Figueiredo, también ejecutivo de Escala Group, filial en EEUU de la sociedad filatélica.
De acuerdo con el auto del Juzgado Mercantil número 6 de Madrid, la situación de déficit patrimonial de Afinsa, donde invirtieron más de 190.000 clientes, pudo ser provocada por la mala gestión de sus administradores, que serían considerados “culpables” por “irregularidades contables”, “descapitalización”, “agravamiento” del mal estado económico de la empresa o dejación a la hora de solicitar el concurso de acreedores.
También el escrito de la juez habla de “una apariencia de operaciones irregulares” entre distintas sociedades del grupo, “a las que (Afinsa) dotaba de fondos, hacía préstamos y avalaba de forma casi continua”.
Asimismo recuerda las transacciones realizadas entre Afinsa y su filial inmobiliaria Oikia Real Estate SLU, “a la que se aportaron importantes y numerosos inmuebles hasta entonces propiedad” de la sociedad filatélica, para que, después, la compañía inmobiliaria se los arrendase a Afinsa, como una posible manera de “descapitalización injustificada” del dinero que los clientes depositaban mediante sus contratos de compraventa de sellos.
De todo ello, según el auto, “se derivan irregularidades presuntamente suficientes para fundamentar la obligación de los administradores de Afinsa de solicitar la declaración de concurso” por insolvencia que, pese a ello, fue pedido de forma necesaria por tres clientes menores de edad representados por el bufete Osorio&Asociados.
Para la juez, “las irregularidades contables y el retraso en la solicitud de concurso pueden imputarse directamente a los administradores legales, ya que estas conductas constituyen un incumplimiento de los deberes” de Cano Cuevas, Martín Peña y Figueiredo, consejeros de la entidad durante los dos últimos años e imputados por la Audiencia Nacional por delitos de estafa.
Sin embargo, pese a las peticiones de la administración concursal, la juez no admite el embargo contra el secretario no consejero del Consejo de Administración, Joaquín José Abajo Quintana, pese a haber sido director general corporativo, asesor jurídico, representante de la compañía y fundador de la sociedad Oikia Real Estate SLU.
El bufete Osorio&Asociados ha indicado que recurrirá el auto pues considera un “error grave” que no se haya incluido los bienes de Abajo Quintana y del propietario de la mitad del capital social de Afinsa, Albertino de Figueiredo, en la ejecución del embargo y ya ha pedido, hace días, que esta medida se dirija también contra el ex consejero honorífico Tomás Olalde, ex socio del despacho de abogados Cuatrecasas.
Por otra parte, el Juzgado considera que se embargue por una “cantidad igual” al importe del agujero patrimonial de Afinsa ya que, si no hay suficientes bienes y los administradores son considerados culpables en la pieza de responsabilidad, “podrían ser condenados a pagar todo o parte de los créditos no satisfechos en la liquidación” por 1.823.521.966,74 euros.
