Gas Natural, Iberdrola y Abogacía piden desbloquear la oferta a Endesa
Gas Natural, Iberdrola y la Abogacía del Estado coincidieron hoy en pedir al Tribunal Supremo que levante las medidas cautelares que paralizan la opa de la gasista sobre Endesa, lo que, de producirse, sería el primer paso para desbloquear la situación que en torno a la eléctrica se vive desde hace meses.
Así se recoge en sus respectivos escritos de alegaciones, presentados este jueves ante el Supremo, una vez que Endesa pidiera semanas atrás al Alto Tribunal y al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid que se levantaran las medidas cautelares que bloqueaban la opa de Gas Natural. El levantamiento de las medidas cautelares impuestas por los jueces permitiría la competencia de las opas de Gas Natural y el grupo alemán E.ON por el control de Endesa, como exige la legislación española sobre ofertas competidoras.
Gas Natural y la Abogacía del Estado coincidieron también en sus escritos en que el levantamiento de estas medidas cautelares que paralizaban la opa de la gasista sobre Endesa no tienen que acarrear otro tipo de medidas de carácter suspensivo. Ambas partes se referían así a la petición de Endesa de que una vez que se retiren las medidas cautelares sobre la opa, se imponga la suspensión de los derechos políticos que pueda tener Gas Natural sobre la eléctrica.
En lo que no coinciden Gas Natural y la Abogacía del Estado es en el aval de 1.000 millones de euros que Endesa tuvo que depositar para que las medidas cautelares fueran efectivas, ya que la gasista insiste en que permanezca vivo, en tanto que el abogado estatal pide su liberación. Gas Natural entiende que el aval no puede levantarse, porque no lo permite la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya que este supuesto sólo se contempla en caso de que concurran nuevas circunstancias que afecten de forma real a la causa.
La gasista insiste en que nada ha cambiado y que aunque se levanten las medidas cautelares, el aval debe seguir vivo hasta que se aclaren los daños causados por la paralización de la opa.
“Nunca debieron aceptarse”,
Iberdrola fue algo más allá en su escrito y no sólo apoyó el levantamiento de las medidas cautelares que paralizan la opa presentada por Gas Natural, sino que aseguró que estas medidas “nunca debieron aceptarse”, al no existir causas objetivas para ello.
Para la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán, los administradores de Endesa han incurrido en contradicciones, ya que, argumenta, “si quieren que los accionistas elijan y se pronuncien sobre las ofertas, lo coherente sería desistir de sus demandas -ante el Tribunal Supremo y el Juzgado de lo Mercantil- y no sólo de las medidas cautelares”. En este sentido, la eléctrica vasca afirma que con su actuación Endesa prolonga la situación de suspensión por lo menos durante varios meses, por lo que “su conducta se contradice con su discurso”.
El pasado abril, el Tribunal Supremo suspendió de forma cautelar la autorización otorgada por el Gobierno a la opa presentada por Gas Natural para adquirir Endesa, al tiempo que solicitaba a la eléctrica un aval de 1.000 millones de euros por si de esta paralización se dedujese algún perjuicio. Siete meses después y una vez que fue aprobada por la CNMV la opa de E.ON, Endesa presentó el pasado 17 de noviembre un escrito ante el Supremo y ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid para que se modificasen o levantasen las medidas cautelares que paralizan la opa de Gas Natural y, como consecuencia, también la oferta competidora presentada por el grupo alemán.
La eléctrica que preside Manuel Pizarro indicaba que se trata de “adaptar las medidas cautelares a las nuevas circunstancias” y de atender “prioritariamente al interés de los accionistas”. Tras la petición de Endesa, la Sala Tercera del Tribunal Supremo trasladó a las partes el escrito y les emplazó a presentar sus alegaciones en un plazo de diez días hábiles, que cumplía hoy.
Fuentes jurídicas indicaron que no habrá demasiados problemas para que el juzgado mercantil levante las medidas cautelares, lo que podría ocurrir en un plazo no superior a un mes. No obstante, según estas fuentes, no está claro que el Supremo vaya a retirar las medidas cautelares, sobre todo porque, al imponerlas, el Alto Tribunal entró en el fondo del asunto y concluyó que la operación perjudicaba a los consumidores.
