El Gobierno aportará 80 millones en 2011 a las autopistas en riesgo de quiebra
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Gobierno aportará un total de 80,1 millones de euros en 2011 a un grupo de sociedades concesionarias de autopistas de peaje que afrontan un riesgo de quiebra para compensarlas por la caída de tráfico que registran.
Este importe computará en déficit, a pesar de que las concesionarias deberán devolverlo con intereses al Estado, según informaron en fuentes de Fomento.
La aportación tendrá continuidad en los dos ejercicios siguientes (2012 y 2013), en cantidades que dependerán de la evolución de los tráficos en esos años, según el acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios y que se incluirá vía enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011.
Las concesionarias en riesgo de quiebra y, por tanto, susceptibles de recibir parte de este importe son las de las autopistas radiales de Madrid, la que une la capital y el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera, la Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante y Ocaña-La Roda.
Globalvía (FCC y Caja Madrid), Acciona, Abertis, Itínere, ACS y Ferrovial son alguno de los grandes grupos constructores y de concesiones titulares de estas vías.
El titular de Fomento, José Blanco, agradeció la “cooperación” de todos los grupos parlamentarios para solucionar este problema con una “medida equilibrada”. “Supone una ayuda limitada en el tiempo y que las empresas deberán devolver, y que evita un grave perjuicio para el Estado”, según destacó durante su intervención en el Pleno del Congreso.
En este sentido, en fuentes del Ministerio compararon el “coste mínimo” que supone realizar esta aportación en comparación con los 3.731 millones de euros que costaría el Estado y al déficit asumir la gestión de estas autopistas en caso de que no se solventará su desequilibrio económico-financiero y quebraran.
Con este acuerdo el Gobierno busca solventar uno de los dos principales problemas que actualmente abocan a la quiebra a ocho sociedades concesionarias de autopistas de peaje, el de la caída de los tráficos.
El otro es el “desproporcionado” sobrecoste que las empresas concesionarias de las autopistas registraron (1.858 millones, frente a los 269 millones previstos) por las expropiaciones de los terrenos en los que se construyeron las autopistas, como consecuencia de la aplicación de la Ley del Suelo vigente entonces, la de 1998.
SUBIDA DE TARIFAS
Para solventar este impacto, los Presupuestos de 2011 ya incluyen una dotación de 250 millones de euros. Este monto se destinará a otorgar a estas mismas concesionarias créditos participativos para paliar dicho sobrecoste de expropiación y no aumentará, a pesar de las demandas de las concesionarias.
Así, en total, el Gobierno 'prestará' el próximo año a estas autopistas 330 millones de euros, que, a su vez, se elevan a 530 millones al sumar los 200 millones ya incluidos en los Presupuestos de 2010 también para créditos participativos.
Estos primeros 200 millones ya están en tramitación. La autopista Cartagena-Vera, la concesionaria de las radiales R-3 y R-5 de Madrid y la de la R-2, son las tres primeras que los han solicitado.
Para que las concesionarias puedan devolver estos préstamos (que tienen tres años de carencia) se les permitirá realizar subidas de tarifas adicionales a la ya prevista anualmente en enero para actualizar el peaje a la inflación. Este aumento añadido variará dependiendo de la vía que logre créditos, pero no superará el 2%.
REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS AYUDAS
El Gobierno ha articulado una serie de requisitos para que las concesionarias puedan acceder tanto a las aportaciones para compensar caídas de tráfico como para lograr créditos para paliar el sobrecoste de expropiación.
En este último caso, deberán acreditar haber pagado expropiaciones un 175% más caras respecto a lo ofertado y que el importe total haya sido determinado en más del 50% por acuerdo de un jurado de expropiación o sentencias de los tribunales.
En el caso de los tráficos, el Gobierno realizar una aportación en forma “cuenta de compensación” a las vías cuyo tráfico no alcance el 80% del tráfico previsto. Para devolver el crédito, las vías entregarán a la Administración, y no computarán así como beneficios, la mitad de los ingresos que obtengan cada año que el volumen de tráfico supere al inicialmente previsto.
