El Gobierno culpa al Cabildo grancanario del retraso de la energía eólica en la isla

El consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, cree factible que dentro de cinco años, en 2015, las renovables aporten en Canarias el 30% del total de la energía producida en el Archipiélago. Ello significaría que en un lustro se pasaría de poco más de 100 megawatios a 600 megawatios, quintuplicándose la potencia actual.

Rodríguez culpó al Cabildo de Gran Canaria de ser el causante de la demora en la instalación de las energías alternativas en la isla “por torpedear los proyectos del Gobierno de Canarias”. El consejero califica de “bloqueo institucional” la postura del Cabildo grancanario, que a su juicio impide la instalación de la energía eólica y fotovoltaica, “lo contrario de lo que ocurre en Tenerife”.

“No entiendo la oposición del Cabildo de Gran Canaria a que se desarrolle la energía eólica en la isla”, dijo tras atacar la postura del gobierno insular del PSOE y NC y la del alcalde de Agüimes, Antonio Morales.

“Tienen una postura política partidista en este asunto, no buscan el interés general. Hay alcaldes que sólo quieren lo bueno para su municipio y lo malo para el resto. No todos los parques eólicos tienen que ir en el municipio de Agüimes”, declaró a CANARIAS AHORA de forma contundente.

Morales ha advertido a Rodríguez que el segundo concurso eólico no tiene en cuenta la calificación territorial en las Islas. “La segunda convocatoria no tiene en cuenta que los molinos deben estar en un suelo calificado que permita la instalación. No se pueden conceder parques eólicos sin tener en cuenta la calificación”, declaró a este periódico.

El alcalde de Agüimes, uno de los municipios con más potencialidad eólica, manifestó que el Gobierno “hará más restrictiva la instalación de molinos. Me resulta sospechosa la actitud del Gobierno porque no puede haber tanta insolvencia. Con estas medidas pueden estar favoreciéndose los intereses de los fósiles y el gas”.

Morales considera que el planeamiento actual no permitirá instalar la mayoría de los aerogeneradores. “Aunque se han adjudicado los parques, ahora las empresas tendrán que tramitar todos los permisos y ahí se encontrarán con las prohibiciones. El 99% del parque eólico previsto no podrá ejecutarse. La situación es irreversible. Tendremos un potencial sin usar durante muchos años”, vaticina.

Sin embargo, Rodríguez asegura que tanto Morales como el PSOE han malinterpretado la Ley de Medidas Urgentes. “Han leído el artículo que lo corresponde. El Gobierno ha resuelto el concurso atendiendo a los baremos. No se pondrán parques eólicos en suelos naturales protegidos, pero sí en suelos rústicos, como ocurre en toda Europa. Nosotros hemos resuelto bien el concurso y tenemos los recursos jurídicos para llevarlo adelante”.

El consejero señaló que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) divide los proyectos de actuación territorial entre los que tienen gran trascendencia, “que corresponde resolver a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y los de escasa trascendencia, que serán resueltos por los cabildos. Los parques eólicos, por ello, son competencias del Gobierno, no de los cabildos”.

“Lo que pretendemos hacer con la ley es que al agricultor que tiene su finca plantada se le permita usar un 15% de la superficie para instalar paneles solares para complementar la renta y evitar el abandono del campo, sin tener que recalificar el terreno. En el artículo dos de la ley de medidas se habla del proyecto de actuación territorial que incluye instalaciones industriales y energéticas”.

Gran Canaria pone ''pegas'' a los proyectos eólicos

Jorge Rodríguez asegura que el Cabildo de Gran Canaria es el único que ha puesto pegas a los proyectos eólicos del Gobierno “por razones partidistas”. El de Fuerteventura se declaró incompetente para resolver el concurso y lo transfirió al Gobierno de Canarias.

“No es lo mismo hacer las cosas en colaboración institucional que ir por libre y boicotear todo lo que sale del Gobierno, como hace el Cabildo grancanario. De los 90 megawatios de potencia de energía fotovoltaica que hay en Canarias, 60 están en Tenerife gracias a la colaboración de su Cabildo. Inversores grancanarios han tenido que irse a Tenerife porque el Cabildo no daba la calificación territorial pertinente para montar las instalaciones”.

En Gran Canaria no se podrían instalar los parques eólicos previstos por el Gobierno “al chocar de frente con las delimitaciones de nuestro Plan Insular de Ordenación del Territorio”, según Morales. En el conjunto de Canarias se han presentado un total de 138 reclamaciones a la resolución del concurso y la mayoría de los afectados coinciden en señalar enormes errores y contradicciones.

La convocatoria del concurso por parte de la Consejería de Industria obvió, según Morales, cualquier requerimiento referido a planeamientos urbanísticos o medioambientales y estableció un mapa de ubicación que ha hecho que la práctica totalidad de los proyectos presentados estén en suelo rústico.

Los parques grancanarios, casi en su totalidad, se encuentran situados en suelo rústico de protección económica. “La mayoría de los parques están en suelo rústico, sí, pero al ser instalaciones de interés general hay un tratamiento legal específico que permite montarlas”, dijo el consejero regional. Los parques estarán sujetos a la normativa urbanística y medioambiental. No peligran porque contamos con suficientes recursos jurídicos para sacarlos adelante“.

Morales asegura que el mismo Gobierno de Canarias promulga la famosa Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, que ve la luz el 12 de mayo de 2009. “En el artículo 4 del régimen del suelo rústico, en su apartado cuatro, nos dice textualmente en suelo protegido por razón de sus valores económicos se podrá autorizar la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica, o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista prohibición expresa en el Plan Insular de Ordenación, en los Planes Territoriales de Ordenación o en el Planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos que resulten aplicables al ámbito donde se pretenda ubicar la instalación”.

En todo caso, las instalaciones autorizables deberán respetar el requisito de que la potencia máxima sea de 1,5 megawatios, es decir, 1.500 kilowatios“. ”Si un solo molino tiene entre 0,90 y 2,00 MW, esta Ley de Medidas Urgentes hace imposible la instalación de más de un aerogenerador en los parques eólicos ganadores del concurso, ya que prácticamente todos están en suelo rústico de protección ambiental o económica“, concluye Morales.