El Gobierno canario critica al estatal la pasividad en el control fitosanitario
En una respuesta parlamentaria a la diputada de CC Pilar Mora, el consejero dijo que su departamento advirtió con dos semanas de antelación al Ministerio de la llegada de esa partida de piña tropical, pero nada se hizo. Rodríguez Zaragoza acusó a la Inspección de no dar “señales de responsabilidad” y recordó que con estas entradas ilegales pueden llegar también plagas “que se hospedan en las Islas para siempre” y contra las que se gastan luego “millones de euros”.
El consejero indicó que desde hace ocho meses está pendiente de ser firmado con el Estado un convenio para que la Consejería colabore en la Inspección fitosanitaria, pero el Ministerio retrasa el acuerdo. En el caso concreto de las partidas ilegales de piña tropical, “ofrecimos nuestra colaboración y no la aceptaron”, se quejó Rodríguez Zaragoza.
La diputada Pilar Mora señaló que la entrada de productos agrícolas de forma ilegal es un riesgo para la salud de los consumidores y para la producción canaria, por las plagas que se pueden importar.
Más de 330 millones para el Archipiélago
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura (MAPA) anunció este miércdoles que el Gobierno adelantará los fondos para la puesta en marcha de los programas autonómicos de Desarrollo Rural mientras Bruselas da el visto bueno al marco nacional, que se cerró en Comisión Sectorial de Directores Generales con 15.800 millones de euros para el periodo 2007-2013. De ellos, Canarias recibirá 332,841 millones de euros, de los que 153,281 serán aportados por la UE, 74,280 por el Gobierno español y 95,280 por la administración autonómica.
Según señalaron fuentes de la Dirección General de Desarrollo Rural, el Marco Nacional quedó cerrado el martes con las cuantías definitivas de que dispondrán todas las comunidades autónomas y será ratificado por la Conferencia Sectorial que tendrá lugar en Madrid el próximo martes. Así, la aportación comunitaria ascenderá a 7.214 millones de euros, la de la Administración General del Estado para el conjunto de la programación ascenderá a 3.162 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas aportarán en total 5.424 millones.
Fuentes oficiales añadieron que una vez ratificado por las comunidades autónomas el Ministerio presentará formalmente el documento ante la Comisión Europea para su aprobación, a fin de poder disponer de los fondos comunitarios, aunque anunciaron que el MAPA adelantará el dinero para los programas autonómicos que se soliciten entre la entrega oficial del documento y la aprobación de la CE. Además de las cantidades de que dispondrá cada Comunidad Autónoma el Programa Marco establece la inversión prevista en cada una de seis medidas horizontales de actuación en el medio rural perfiladas en el Programa Estratégico de Desarrollo rural para el periodo 2007-2013.
Primer eje de medidas
En un primer eje las medidas se centran en la mejora de las explotaciones agrarias y forestales, con incidencia en la gestión de los recursos hídricos, infraestructuras rurales, incorporación de jóvenes agricultores e implantación y uso de servicios de asesoramiento. Entre las actuaciones dirigidas al medio ambiente, se encuentran medidas para la prevención de incendios forestales y la conservación de la red Natura 2000 en los espacios forestales.
Según las partidas financieras cerradas el pasado martes entre el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas para la gestión de los recursos hídricos se contará con un montante para el periodo de referencia de 965 millones de euros, con el objetivo de ahorrar más de 1.800 hectómetros cúbicos anuales de agua. Para la mejora de otras infraestructuras rurales (red eléctrica infraestructuras telemáticas o mejora de la competitividad) se contará con un montante de 418 millones de euros.
Para incrementar el valor añadido de los productos agrícolas y forestales el gasto público previsto para el periodo 2007-2013 asciende a 2.509 millones de euros, con los que se prevé subvencionar a más de 11.000 beneficiarios. La incorporación de jóvenes, para la que se prevé un gasto de 788 millones de euros, para evitar el envejecimiento de la población rural se flexibilizará, aunque dará prioridad a los agricultores que se instalen en explotaciones consideradas prioritarias con una ayuda máxima de 55.000 euros por explotación.
Las ayudas para implantar y utilizar los servicios de asesoramiento a los agricultores y ganaderos para el cumplimiento de la condicionalidad de la PAC, enmarcadas en un amplio objetivo de mejora del capital humano, supondrán una inversión de 246 millones de euros. Las dos líneas horizontales de carácter ambiental, de gran importancia en las áreas forestales españolas, fundamentalmente en las zonas declaradas de alto riesgo de incendios y en las superficies forestales incluidas en la Red Natura 2000, supondrán un gasto público de 744 millones de euros.
