''Los intereses de los empresarios no responden a los generales de Canarias''

El secretario general del PSC-PSOE, Juan Fernando López Aguilar, destacó este viernes que los intereses “legítimos” expresados por la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) durante su brindis navideño “no son los intereses generales de Canarias”, a la vez que recordó que todas las reformas económicas que se lleven a cabo para afrontar la crisis actual “provendrán del diálogo y el acuerdo social”.

La patronal de Las Palmas pidió “valentía” para “afrontar una reforma estructural del mercado laboral” porque las empresas “no pueden seguir resistiendo los costes laborales que soportan ni continuar sufriendo las elevadísimas cotas de absentismo laboral ni deberían asumir subidas salariales que no se correspondan con mejoras directas en la productividad”, según su presidente, Sebastián Grisaleña.

López Aguilar mostró su respeto hacia los intereses que defiende el tejido empresarial canario, pero señaló que “deben ser puestos en valor con otros intereses legítimos”. En este sentido, recordó que el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ya se ha manifestado “con claridad” sobre la “estrategia para afrontar las dificultades: buscar el acuerdo social”.

Por tanto, dijo, “no se aceptará sin más el recetario de los empresarios”, ni “habrá decretazo, ni pensionazo, ni recortes en los derechos de los trabajadores, sino mayor extensión” de esos derechos.

Como oposición a esta postura, destacó la actitud del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que “aplaude el discurso de los empresarios”, mientras dice que “no nota la ausencia de los sindicatos” cuando les convoca, en referencia a la reunión en la que intentó que empresarios y distintos agentes sociales rechazaran la inversión inicial que los Presupuestos Generales del Estado destinaban a Canarias y a la que no asistieron las organizaciones sindicales.

Asimismo, destacó que “el fuerte grupo socialista” en Europa “ha sido capaza de tumbar” la jornada de 65 horas semanales que proponían “la mayor parte de gobiernos conservadores” de la Unión Europea, con “condiciones leoninas que reeditaban las condiciones casi de esclavitud de los trabajadores”.

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