La Justicia ordena a Grisaleña evitar acuerdos contra Félix Santiago
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha accedido este jueves a una nueva pretensión del empresario Félix Santiago y ha ordenado a la Confederación Canaria de Empresarios “abstenerse de propiciar actos o acuerdos que hagan perder eficacia inmediata a lo dispuesto” en el auto del pasado día 12 de la misma sala. El presidente de la patronal, Sebastián Grisaleña, había convocado para este jueves un comité ejecutivo con la intención de revocar el nombramiento del empresario norteño como vocal en la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
En un contundente auto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC invoca artículos como el 118 de la Constitución o el 134 de la Ley Jurisdiccional para recordar a las partes que es “obligado cumplir las sentencias y resoluciones judiciales firmes”, en referencia al auto del pasado 12 de febrero que dejaba sin efecto la destitución de Félix Santiago como vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el consiguiente nombramiento de José Sánchez Tinoco en su lugar.
Asimismo, el tribunal recuerda que el auto ha sido comunicado a Presidencia del Gobierno para que, a su vez, comunique la resolución a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y se reponga al empresario en su puesto.
En referencia a la Confederación Canaria de Empresarios, el contenido del auto es de una contundencia incontestable: “Los órganos de la Confederación Canaria de Empresarios carecen de competencia para intervenir o interferir en la ejecución de lo dispuesto en el repetido auto de 12 de febrero”, para a continuación requerir a su presidente para que se abstenga de propiciar actos o acuerdos que pueden hacer perder eficacia a lo contenido en tal resolución.
Tras tener conocimiento este jueves por noticias periodísticas de que la Confederación pretendía reunirse con el objetivo de revocar la designación de Santiago y dar carta de naturaleza por tanto a lo que el TSJC había dado por nulo, el abogado del empresario, Pedro Ayala, presentó un escrito conteniendo tales extremos ante el TSJC, que ha fallado en el sentido de obligar a anular esas pretensiones de la CCE.
El Gobierno de Canarias es quien tiene que mover ficha en esta polémica porque, por mandato de la Ley de Puertos, es quien debe designar a los representantes de la Comunidad Autónoma y de algunas entidades representativas (sindicatos y patronal, entre otros) a propuesta de éstas. Pero el Ejecutivo estaba a la espera de los pasos que pretendía dar la Confederación de Empresarios, cuando el auto del TSJC del pasado día 12 es bastante expeditivo en el sentido de instarle a reponer a Félix Santiago en su puesto en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria.
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