Un millón de euros divide a academias y Empleo
Una partida de poco más de un millón de euros enfrenta a academias de formación vinculadas a CECAP con el Servicio Canario de Empleo. Se trata de dinero no ejecutado del concurso público de cursos de formación para 2011, en concreto 1.037.000 euros, cuyo destino final ha sido la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Este desvío, contemplado en las bases del concurso según ha aclarado el Servicio Canario de Empleo, ha sido también explicado a dirigentes de los centros de formación vinculados a la confederación de centros de formación (CECAP) en el Consejo General de Formación, pero desde la patronal formativa se entiende que el beneficio a los centros públicos de Educación vulneraría la orden de los cursos y hasta la Ley de Presupuestos.
Tras las adjudicaciones de los diferentes cursos de la convocatoria del 22 de diciembre de 2010 el Servicio Canario constató un remanante no asignado de ese millón de euros ahora en disputa, que según el organismo público se puede destinar a otras consejerías, como recoge el punto 14 de las bases para cubrir la demanda formativa por otras vías.
Manuel León, director del Servicio, explicaba este viernes a CANARIAS AHORA que en todo el proceso de adjudicación de cursos abierto en abril 2010 nunco hubo recursos ni reparos a ese punto 14, que indica la postedad del SCE de “disponer del presupuesto sobrante con el fin de atender aquellas necesidades formativas no cubiertas a través de centros públicos de formación de la Consería de Educación”.
Sin embargo, desde las academias se defiende que este destino a Educación nunca debió desviarse al ser recursos económicos que proceden de transferencias del Estado y están regulados por Real Decreto y Orden Ministerial, con la finalidad de destinarse a concurrencia competitiva de centros homologados.
El remanente en litigio que podría abrir un contencioso-administrativo en los tribunales se debe, según explican desde los centros de formación, a que la oferta que existe en Tenerife es muy limitada y distinta a la de Gran Canaria y “se han visto que en Tenerife no podían invertir todo lo que había y que la oferta se queda en parte sin adjudicar porque no hay centros homologados para todas las necesidades”, en palabras de Salvador García Carrillo.
Para las academias, el destino de ese dinero “sobrante” a Educación suponen dos aspectos “graves a recurrir: por primera vez se traslada de manera directa dinero de Formación a Educación y, segundo, el procedimiento de subvención directa está en contra de lo que ordena la Ley de Presupuestos que lo prohibe si proviene de concurrencias competitivas”.
Para el Servicio Canario de Empleo, por contra, la cuestión no es dar cursos por que sí, sino por una demanda concreta de especialidades que se ha estudiado previamente a las convocatorias de los mismos. “Lo importante es cubrir la formación que se demanda, ¿qué vamos a hacer? ¿Archivamos los cursos? ¿Damos otro tipo de formación que no se demanda?”, se cuestionaba Manuel León.
La cuestión para la Administración pública es que “si no hay centros colaboradores privados donde poder impartir esos cursos, la obligación del Servicio es llevar a cabo esa formación, que es lo más importante a la vista de lo que reclama nuestra sociedad para mejorar el empleo en las Islas”, aparte de pedir a las academias “ir reciclándose y especializándose, porque no podemos seguir dando un diplomita de informática, sino formación seria”.
