Naciones Unidas alerta de una ''grave crisis'' de la vivienda en España

Kothari visitó España el pasado noviembre a invitación del Gobierno y estudió en concreto los casos de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza. Su objetivo era elaborar un informe con recomendaciones que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre, aunque este martes adelantó sus conclusiones preliminares, que ya fueron expuestas hace unos días ante ese mismo organismo.

“El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una considerable proporción de la población dedica más del 40% de su salario al pago de hipotecas”, explicó Kothari, quien valoró la respuesta del Gobierno español y su compromiso a colaborar con su mandato. Su temor es que ese elevado porcentaje tenga un efecto directo en el disfrute de otros derechos humanos, como el “acceso a la educación, la alimentación o el vestido”.

En ese sentido, apuntó que la alta tasa de violencia doméstica que se registra en España, “de las más altas de Europa”, está “directamente relacionada con el problema de accesibilidad”. A su juicio, “si las mujeres no tuvieran tan difícil acceder a una nueva vivienda se sentirían más libres para salir de su entorno y eso contribuiría enormemente a mejorar su situación”.

Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) incluidos en su informe preliminar, sólo el 0,3% de la población española era vulnerable por impago de hipoteca en septiembre de 2006, aunque Kothari teme que “la situación no pueda sostenerse a largo plazo”. En su opinión, “en cuanto suban un mínimo los tipos de interés, las personas que no podrán hacer frente a su hipoteca aumentarán considerablemente”, por lo que es fundamental que aumenten las viviendas de protección oficial de promoción privada en venta y en alquiler y que “se informe claramente a ciudadanos e inversores de que ese momento va a llegar”.

Intervención en el sector

Para Kothari, “la solución no pasa por incrementar el suelo edificable, porque el precio al que sale a la venta incluye las expectativas de revalorización, con lo que incluso para el sector público resulta difícil adquirirlo”. Por ello, abogó por intervenir en el sector a través del control de la especulación, la ocupación de las viviendas vacías (el 15% del total) y la reducción de los precios de los inmuebles sociales, que “suelen ser demasiado elevados para la población de ingresos más bajos”.

Además, “la promoción de viviendas está restringida a pocos actores, que se reparten ganancias astronómicas”, así que habría que abrir el mercado a nuevos promotores, que se encarguen de dinamizar el mercado, especialmente para los jóvenes y en régimen de alquiler. En ese sentido, recordó que sólo el 12% de las viviendas se alquilan, “uno de los porcentajes más bajos de Europa”, y “prácticamente todas están en manos privadas, con sólo el 2% calificado como vivienda social, frente al entre 10 y 30% de otros países europeos”.

Otro aspecto que preocupa al relator es “el aburguesamiento” de las ciudades, que lleva a la segregación, los desalojos y el empleo de violencia física y psicológica para forzar al abandono de los hogares, fenómeno conocido como “mobbing” sobre el que, en su opinión, hay escasa jurisprudencia. Aunque el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada está incluido en el artículo 47 de la Constitución española, “su respeto está muy lejos de ser una realidad”, concluyó Kothari, quien, aún así, reconoció “los esfuerzos realizados por las autoridades españolas para hacerlo efectivo”.

Entre esos esfuerzos citó la creación y compromiso del Ministerio de Vivienda, la Ley del Suelo, el Plan de Vivienda, el Código Técnico de la Edificación y el Plan Nacional de Calidad de Aguas. Valoró especialmente las legislaciones regionales del suelo, en especial la vasca y andaluza y recomendó que las autonomías se impliquen más con el problema a través de iniciativas novedosas, “como las de Cataluña y el País Vasco”.

“A los ciudadanos les recomiendo que sigan saliendo a la calle y exigiendo a su Gobierno que solucione el problema, porque la presión de la sociedad civil es fundamental”, concluyó el relator.

Sin aumento de la morosidad

Por otro lado, el 65% de los hipotecados españoles no renuncia a “ninguna actividad en su vida cotidiana”, a pesar de la subida de tipos de interés que le llevan a pagar, en su mayoría, una cantidad menor a los cincuenta euros adicionales cada mes. Así lo indica un estudio de la consultora Deloitte, presentada este martes por su socio Héctor Flórez, experto en entidades financieras, quien pidió “desdramatizar” sobre el alto endeudamiento de las familias españolas, dado que también, durante estos años, han podido subir su patrimonio por el incremento del precio de la vivienda.

“No se dan las circunstancias para un aumento de la morosidad, ni un descenso significativo del consumo”, señaló Flórez, quien reveló que el plazo medio de amortización de las hipotecas es de 26 años y el importe medio es 130.000 euros. De hecho, más de la mitad de los encuestados destina un porcentaje de entre el 20 y 30% de sus ingresos en el pago de hipoteca, mientras que sólo el 10% destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca, con un nivel de esfuerzo considerado “alto”.

Las continuas subidas de tipos de interés no son percibidas por los españoles como un “factor excesivamente preocupante” a la hora de afrontar e pago de la hipoteca, puesto que el 49% debe pagar menos de 50 euros mensuales adicionales, mientras que sólo un 8% de los mismos dicen ver incrementada su cuota en más de 100 euros. Además dos de cada tres encuestados (66%) afirma tener hipotecas contratas a un período de entre 16 y 30 años, mientras que un 25% las firmó a un plazo entre 5 y 15 años, por lo que casi la mitad de los hipotecados terminará de pagar su hipoteca entre el 2022 y el 2036.

Adiós a las vacaciones

Entre los hipotecados que sí afirman realizar sacrificios importantes para hacer frente a la hipoteca, las principales actividades a las que se renuncia son las vacaciones (43%) y las comidas fuera de casa (26%). También el estudio señala que aquellos encuestados que se ven afectados por la subida de tipos muestran mayor propensión a la contratación de créditos bancarios adicionales (del 25 al 15%), o una tarjeta “revolving”, que ya es utilizada por uno de cada cinco encuestados.

Héctor Flórez añadió, además, que la hipoteca “genera una vinculación duradera entre cliente y entidad financiera”, puesto que la movilidad es muy baja (sólo el 6 por ciento cambia de entidad) y se elige por las condiciones financieras (tipos de interés -89%- y comisiones -80%-). El estudio de Deloitte explica, asimismo, que el 45% de los encuestados terminará de pagar su hipoteca en menos de quince años, lo que, según Florez, “representa un reto” para las entidades financieras que han de desarrollar nuevos productos y servicios “que consigan mantener la vinculación con los clientes en el futuro”.

Los jóvenes, los inmigrantes y las personas mayores (con hipotecas inversas) serían los públicos objetivos para conseguir nuevas hipotecas en un mercado como el español, “uno de los más competitivos de Europa” por su “alta bancarización”, unas medidas legislativas favorables a la competencia y la “alta fidelización” del cliente.