Pérez ''sospecha'' de la legalidad de las camas turísticas tinerfeñas y majoreras
El Cabildo de Gran Canaria “sospecha” que un 50% de las camas turísticas de Tenerife y Fuerteventura están en situación de “alegalidad”, según afirmó este mmiércoles su presidente, José Miguel Pérez.
Tras reunirse con la FETH, Pérez se preguntó en la rueda de prensa posterior al encuentro “cuántas camas no legales están realmente funcionando en Canarias y en qué proporción en cada isla”, al tiempo que manifestó su “convencimiento de que en Gran Canaria, la inmensa mayoría” de la oferta alojativa turística “es legal”.
Sin embargo, José Miguel Pérez afirmó que “en Tenerife y Fuerteventura, prácticamente la mitad de la oferta que está funcionando no es del todo legal”.
El presidente del Cabildo grancanario instó al Ejecutivo regional a “contemplar esta situación”.
Asimismo, advirtió a la administración autonómica de que “no puede pensar” que el futuro banco de camas regional, con el que se pretende eliminar del mercado las que estén en zonas obsoletas para construir otras nuevas en lugares con mayor proyección, “pueda ser utilizado para legalizar camas en otras islas a costa de Gran Canaria”.
Pérez supuso que el Gobierno canario “no estará pensando eso” y advirtió de que “se acabó el tiempo en que en Canarias se gobernaba y tomaban decisiones estratégicas importantes para un mercado turístico utilizando mecanismos institucionales que perjudicaban a la isla de Gran Canaria”.
“No vamos a permitir que se discrimine a nadie”, refirió el presidente del Cabildo.
Sobre la ausencia de Gran Canaria en la cumbre turística celebrada el pasado viernes en Fuerteventura a instancias del presidente del Ejecutivo regional, José Miguel Pérez afirmó que la corporación insular no estuvo representada en este foro, al que se le convocó dos días antes, al considerar que el pacto que se pretende promover por la competitividad y calidad del sector turístico canario “no responde a una estrategia para buscar soluciones.
A su juicio, este pacto, que Paulino Rivero pretende firmar con los agentes públicos y privados del sector antes del próximo 31 de diciembre, “está orientado hacia la confrontación político-partidista” contra el Gobierno de la Nación.
No obstante, Pérez mostró su disposición a “ir siempre a trabajar con el Gobierno de Canarias con objetivos claros y la mejor voluntad de resolver problemas”.
“Lo saben en el Gobierno de Canarias, la intención es la mejor de todas y estamos dando pruebas sobradas de que el trabajo viene acompañado del rigor”, aseveró.
