PSOE e IU-ICV rechazan la reforma penal sobre transparencia y fraude

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han presentado en el Congreso sendas enmiendas de totalidad contra la reforma del Código Penal presentada por el Gobierno en paralelo a la Ley de Transparencia para endurecer las sanciones y penas contra los defraudadores fiscales y a la Seguridad Social, alegando que este cambio es sólo “una cortina de humo” para justificar la 'amnistía fiscal'.

Según la enmienda de los socialistas, que recoge Europa Press, la intención del Ejecutivo con esta reforma es “dar cobertura legal a la amnistía fiscal” y garantizar un “salvoconducto a los grandes defraudadores”. “Bastará poder pagar y regularizar para dejar de ser 'delincuente'”, alertan.

Además, aseguran que con esta modificación del Código Penal “la seguridad jurídica quedará gravemente afectada” al no fijarse claramente los periodos de prescripción; y se altera también el principio de prejudicialidad penal al “eliminarse el control judicial sobre la función recaudatoria”, con lo que “podrán existir discordancias de difícil resolución entre el proceso penal y el administrativo”.

REFORMA AL SERVICIO DEL FISCO

Con respecto a los artículos del proyecto referidos a la transparencia, los socialistas dice que “carecen del mínimo rigor” y que la norma “instrumentaliza el derecho penal para la política fiscal vulnerando, una vez más y de manera flagrante, principios esenciales de derecho penal y que afectan a la seguridad jurídica y a derechos constitucionales como el de la igualdad”.

“Se propone la tipificación de una conducta que, si bien merece todo el reproche social, no es merecedora en absoluto de ser gravemente criminalizada, equiparando en la práctica y de forma inadmisible al responsable de grandes defraudaciones con aquellas personas que perciben indebidamente una prestación”, critican.

Así, aunque el PSOE tiene un “firme compromiso con la lucha contra el fraude en cualquier ámbito”, no comparte ni “el espíritu ni los principios” que sustentan la propuesta normativa del Gobierno, por lo que rechazan el proyecto de ley y piden su devolución al Ejecutivo.

EJERCICIO DE HIPOCRESÍA

Por su parte, IU-ICV-CHA afirma en su enmienda (recogida por Europa Press) que aunque comparte “parcialmente” los objetivos del Gobierno, la reforma supone “un giro de 180 grados en la posición del PP” en la última reforma del Código Penal y también contradice a la propia acción de un Gobierno que ha aprobado una amnistía fiscal y ha “recortado derechos laborales y económicos” con diferentes decisiones.

“Podría calificarse esta reforma como un ejercicio de hipocresía política que parece tener como objetivo camuflar los duros ajustes y recortes de derechos”, añade la Izquierda Plural, que cree que la reforma es “oportunista, parcial e inconexa” y reclama una visión global de la respuesta punitiva y penitenciaria que se da a los distintos comportamientos fraudulentos en lugar de tres proyectos de ley que fraccionan estas acciones.

También reprocha al Ejecutivo que lleve a cabo “una política criminal guiada por el denominado 'populismo punitivo'” y cree “imprescindible cambiar la orientación de política” para que la respuesta penal no sea “la primera solución para todo”.

Y es que, según recuerda, actuar de esta manera hace caer al Gobierno en “contradicciones” como, por ejemplo, que agrave las penas para el fraude a Hacienda mientras aprueba una 'amnistía fiscal', que indulte a condenados por evasión fiscal o que desmantele unidades de investigación de Corrupción de la Agencia Tributaria. “Esto demuestra que el Gobierno no tiene una voluntad política auténtica y firme de perseguir el fraude”, concluye.

REFORMA PROPAGANDÍSTICA

Así, la finalidad de esta reforma es, según IU-ICV, “propagandística y electoralista”, y sirve de “cortina de humo” al Gobierno para “esconder el gravísimo impacto que está causando en los ciudadanos el mayor recorte de derechos de la Democracia”.

Finalmente, la coalición alerta de fallos concretos en el texto normativo, como que “se agrave el delito fiscal elevando las cuantías” a partir de las cuales se comete dicho delito, o que no se equiparen las penas de prisión y multa a los tipos y tipos agravados de los delitos contra la Hacienda pública, contra la Seguridad Social y contra las subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas.

En la misma línea, la Izquierda Plural avisa de que hay “dos obstáculos que pueden dejar la reforma en una mera declaración de intenciones sin aplicación real”: que la cuantificación de lo defraudado se remita a las normas tributarias cuando “es habitual que, tras la controversia judicial, la cuantía probada se reduzca”, por lo que podrían darse casos en que tras la fase judicial se concluya que el delito ha prescrito; y las dificultades para detectar los expedientes de delito fiscal si no se extiende la prescripción administrativa hasta los diez años.

Estas dos enmiendas de totalidad serán debatidas por el Pleno del Congreso en su sesión del próximo martes. Posteriormente, se analizarán en Comisión las enmiendas parciales que los grupos parlamentarios presenten al texto.