Semana decisiva para negociar la reforma laboral

Las negociaciones entre Gobierno, sindicatos y empresarios para cerrar una reforma del mercado de trabajo entran en una semana decisiva, pues está a punto de acabarse el plazo que las partes se han dado para ver si finalmente es posible o no el acuerdo.

El tope del que han venido hablando en las últimas semanas Gobierno y agentes sociales es finales de mayo. Pasada esa fecha y si no hay acuerdo, el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a legislar por su cuenta.

Esta intención del Gobierno ha despertado el temor de los sindicatos ante la posibilidad de que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, imponga una reforma que recorte los derechos de los trabajadores, lo que detonaría sin duda la convocatoria de una huelga general que los sindicatos ven cada día más cerca a tenor de las actuaciones del Gobierno.

Esta tesis de que la reforma laboral podría utilizarse para devaluar el factor trabajo ha cobrado fuerza a raíz del plan de recorte de gasto aprobado por el Ejecutivo, que los sindicatos han interpretado como una “quiebra del discurso político” del Gobierno.

Además, en palabras del secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, la credibilidad del Gobierno está ya “por los suelos” y su fiabilidad como interlocutor ha quedado en entredicho tras haber vulnerado el Pacto de Toledo con la congelación de las pensiones e incumplido el acuerdo firmado con los sindicatos de la Función Pública.

Su homólogo de UGT, Cándido Méndez, entiende que a finales de la próxima semana debería estar resuelto el acuerdo de reforma laboral en su parte “sustancial”, pero ha advertido de que las medidas y declaraciones del Gobierno no están ayudando a la negociación.

Diferentes perspectivas

En medio de todo ello, la CEOE está animando al Gobierno a legislar si no hay acuerdo. Su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, asegura que las negociaciones van bien, pero por si acaso ya ha dicho que de mayo “no se puede pasar”, haya o no acuerdo entre las partes.

El optimismo de Díaz Ferrán sobre el desenlace de la reforma laboral no es compartido por las centrales sindicales. Aunque siguen confiando en el acuerdo y apostando por el diálogo social, reconocen que la cosa está difícil y creen que la patronal no está demostrando en la mesa esa apuesta por el diálogo que hace fuera de ella.

Así, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, denunciaba que la patronal sigue pidiendo cosas “difícilmente asumibles”, como la rebaja de cotizaciones empresariales.

“Nosotros nos creemos lo que dice la patronal de que tiene voluntad de acuerdo, pero eso tiene que demostrarlo en la mesa de negociación. Las posiciones en la mesa no parecen aventurar un desenlace favorable”, admitía Ferrer.

Planes del Gobierno

Una vez aprobados los recortes de gasto, el Gobierno ha centrado su atención en las reformas, especialmente en la laboral. La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, cree que las reformas ayudarán a relanzar la economía y el empleo y, por tanto, podrían contribuir a mejorar el crecimiento del PIB previsto para 2011 que, según el Gobierno, se reducirá hasta el 1,3% como consecuencia del plan antidéficit.

Lo más seguro es que a estas alturas del partido (dos años de negociaciones entre Gobierno y agentes sociales, con el fracaso de julio de por medio) el Ejecutivo tenga claro la reforma laboral que va a aprobar en caso de desacuerdo social.

A los agentes sociales les presentó un segundo borrador de propuestas a mediados de abril que, entre otras, contemplaba la posibilidad de que el Fogasa pagara parte de los costes del despido y un mayor uso del contrato de fomento del empleo estable, cuya indemnización por despido es de 33 días por año trabajado, frente a los 45 días de los fijos ordinarios.

Otra de las novedades que recogía el documento era la de, en los contratos de fomento, igualar el coste de indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias. En la actualidad, el contrato de fomento sólo contempla una indemnización de 33 días en el caso de despido improcedente por causas económicas, con lo que la medida propuesta por el Gobierno extendería esta modalidad más barata también a aquellos despidos por causas disciplinarias.

El Ejecutivo también proponía trabajar en la adaptación a España del 'modelo austriaco', consistente en la creación de un fondo personal para cada trabajador en el que se iría ingresando una determinada cantidad todos los meses que el trabajador cobraría como indemnización al ser despedido o que podría guardar para el futuro en el caso de irse a otra empresa.

También está en discusión el llamado modelo alemán, que combina la reducción de jornada con una compensación externa por las horas no trabajadas como alternativa al despido.