La subida de la luz pudo haber sido del 25%
La Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz debería haber subido en enero un 25% si el Gobierno no hubiese aprobado el real decreto ley con medidas urgentes para la contención de costes del sistema eléctrico, según indica la memoria económica de esta norma.
En concreto, la subida habría sido de un 15% adicional sobre el incremento que finalmente se produjo, que fue del 9,8%. Este fuerte incremento del 25% lo ha evitado una medida concreta del real decreto ley, la que se refiere al incremento en 2.500 millones, de 3.000 millones hasta 5.500 millones, en el tope permitido de déficit de tarifa para el conjunto de 2010.
En el escenario previo al decreto, con un tope de 2.500 millones, el Gobierno debería haber elevado un 30% la parte regulada de la tarifa de la luz, conocida como tarifa de acceso, para no sobrepasar este límite. Sólo esta decisión, al margen de lo que pudiera suceder con el coste de la energía, que pesa cerca de otro 50% en la tarifa, habría supuesto una presión al alza del 15% en la tarifa final.
No obstante, al elevar a 5.500 el máximo de deuda permitida para 2010, Industria ha contado con más margen y ha podido congelar la tarifa de acceso, de modo que la subida de la TUR dependiera únicamente del coste de la energía. El incremento de enero ha sido del 9,8% porque este coste de energía ha sufrido un alza del 21% procedente del encarecimiento de la energía, de los ajustes técnicos y del real decreto del carbón.
“La modificación de la senda de reducción del límite de la tarifa tiene un efecto directo en el impacto de la subida del coste de la electricidad en los consumidores”, dice el Gobierno en la memoria económica a la hora de valorar la decisión.
Acto seguido, cuantifica el impacto de esta decisión: “El incremento en 2010 del límite supone evitar una subida directa en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de un 30%, que en el precio final de los consumidores domésticos supondría una subida de la factura directa del 15%, sin tener en cuenta la subida del precio de la energía”.
Endeudamiento
En resumen, el Gobierno ha congelado los peajes porque el sistema eléctrico puede ahora endeudarse en mayor cuantía y, de esta forma, ha logrado evitar “un impacto en los peajes de acceso que finalmente abonarían exclusivamente los consumidores y que afectaría, en el corto plazo y en un momento de crisis económica como el actual, a la economía de los consumidores y a la competitividad de las empresas”, afirma el Ejecutivo.
En la memoria económica del real decreto ley, Industria reconoce por primera vez que el déficit de tarifa de 2010 será de casi 5.000 millones, lo que, pese a estar por debajo del nuevo tope de 5.500 millones, supera no sólo el antiguo máximo, de 3.000 millones, sino también la última previsión del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que llegó a hablar en noviembre, en una comparecencia en el Senado, de cerca de 4.000 millones.
El real decreto ley para corregir el déficit de tarifa que genera una deuda creciente en el sector eléctrico fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre y publicado al día siguiente. Ahora, hay un mes de plazo para la convalidación de la norma en el Congreso.
Medidas urgentes
El real decreto ley incluye medidas de recorte de gastos en el sistema eléctrico para ahorrar 4.600 millones en tres años, 1.660 millones de ellos en 2011. Estos 1.660 millones evitarán subidas adicionales en el recibo de la luz.
Las líneas maestras de la reforma incluyen el establecimiento de un peaje a las generadoras de electricidad, el recorte en un 30% de las horas de las que las plantas fotovoltaicas se benefician de primas, la asunción por parte de las compañías eléctricas del coste de los planes de ahorro y eficiencia energética, y la ampliación en un año, hasta 2013, del bono social.
Casi la mitad del ahorro de 4.600 millones de ahorro en tres años, 2.220 millones, corresponden al recorte en la fotovoltaica, mientras que 891 millones se refieren al acuerdo ya alcanzado con la termosolar, 670 millones a los planes de ahorro y eficiencia, 588 millones a los peajes a la generación, 232 millones al acuerdo de la eólica y 150 millones a la ampliación en seis meses, hasta el 1 de enero de 2014, del bono social.
En la memoria del decreto aparece recogido el esfuerzo económico que harán las principales eléctricas en algunos de los recortes aplicados. En el caso de la financiación de los planes de ahorro y eficiencia, Endesa tendrá que aportar 232 millones en tres años, frente a 219 millones de Iberdrola y 110 millones de Gas Natural Fenosa.
La decisión de ampliar en seis meses el bono social, de julio de 2013 a enero de 2014, tiene un coste de 55 millones para Endesa, así como de 52 millones para Iberdrola y 20 millones para Gas Natural Fenosa.
