Los trabajadores de Bonny amenazan con pedir la fiscalización de las subvenciones si no les pagan
Los trabajadores de la empresa de exportación agrícola Bonny reclamarán a la Administración fiscalizar las ayudas que recibe, que cifran en más de 10 millones de euros anuales, si no abona los cerca de 3,5 millones que les adeuda por sus salarios, según han anunciado este viernes los sindicatos que les representan.
CCOO, UGT e Intersindical Canaria respaldan a través de sus organizaciones del sector agrícola la demanda de que se abone esta deuda, acumulada por impagos que se arrastran incluso desde 2014 en algunos casos y que los empleados de la compañía, unas 1.400 personas, exigirán que se liquide ya con una protesta convocada el martes próximo.
Concentrados a las puertas de la sede principal que tiene el Grupo Bonny en la capital de Gran Canaria, la isla en que desarrolla su actividad, los trabajadores de la empresa reiterarán una petición que la dirigente regional de la Federación Agroalimentaria de CCOO Esther Martín ha dicho este viernes que los sindicatos vienen planteando sin obtener una respuesta satisfactoria desde enero de este año.
En esa fecha Bonny pactó que devolvería a sus empleados varias pagas que aceptaron dejar de percibir hasta entonces para ayudar a que solventara problemas de liquidez económica que comenzó a acumular desde 2013, a raíz de que el sector de exportación hortofrutícola isleño tuviera que afrontar multas millonarias por presuntas irregularidades al justificar subvenciones públicas, ha relatado.
Martín ha subrayado que “los trabajadores han estado tres años arrimando el hombro, haciendo esfuerzos como renunciar a sus pagas extraordinarias y aceptar que sus salarios se les abonaran de forma fraccionada, un 30 % ahora, un 40 % semanas después y otro 30 % más tarde”, en un afán por contribuir al sostenimiento de la empresa, que, como contrapartida, “incumple ahora sus compromisos”.
Los sindicatos aseguran que desde el grupo Bonny se les dijo que a lo largo de 2016 se iban a pagar las cantidades adeudadas a su plantilla, formada en su mayoría por mujeres mayores de 45 euros que cobran entre 600 y 650 euros al mes solo en época de zafra, sin cotizar lo suficiente a la Seguridad Social para tener subsidios en los momentos del año en que no trabajan.
Y ha recalcado que la compañía no ha cumplido lo prometido incluso a pesar de que su economía ha mejorado, ya que ha logrado refinanciar sus deudas, se ha beneficiado de incrementos de las ayudas públicas destinadas a los exportadores hortofrutícolas y, además, ingresará varios millones de euros por una sentencia que ha anulado las multas impuestas al sector en 2013.
Con lo cual, ha concluido que “la empresa ha llegado a una buena situación financiera pero esta no ha tenido repercusión en los trabajadores, que siguen pasando por las mismas dificultades después de hacer muchos sacrificios”.
Sacrificios que ha afirmado que se ven multiplicados por las características de las mujeres que forman gran parte de la plantilla de Bonny, que, “con ingresos que casi ni llegan al salario mínimo interprofesional, son en muchos casos las únicas personas que llevan dinero a sus hogares”, según ha asegurado.
Por todo lo expuesto, tanto Esther Martín como otros portavoces de CCOO, UGT e IC que la han acompañado en una rueda de prensa donde han anunciado que la concentración del 26 de abril será solo el primer paso de las acciones que piensan emprender si no se paga lo adeudado, entre las que barajan pedir a la Administración que revise las subvenciones que concede a Bonny si no lo hace.
