El TS no frena el pago de la deuda de los tomateros
El Tribunal Supremo (TS) por segunda vez en pocas semanas ha rechazado la petición de los tomateros canarios para que se paralice de forma cautelar el pago de la deuda de casi 6 millones de euros en el caso de los cultivadores de Tenerife y de 12 en los de Gran Canaria que se corresponde al abono de las ayudas al transporte a la Unión Europea (UE) del año 2002 y pagadas en 2003. La Delegación del Gobierno en una inspección realizada hace algunas fechas detectó determinadas irregularidades en las facturas presentadas al considerar que su importe era superior al servicio efectivamente prestado. Por ello los representantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) y de la Asociación Provincial de Cosecheros Exportadores de Tomate de Tenerife (Aceto) recurrieron a los tribunales que hasta ahora se han opuesto a sus pretensiones.
En el caso de Las Palmas el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón al Ministerio de Hacienda hace algunas fechas mientras que en Tenerife el juicio tendrá lugar el próximo 16 de enero. Pero mientras de forma cautelar ambas asociaciones acudieron al TSJC y al TS para que ordenara la paralización del abono de estas cantidades al denunciar la situación agónica en la que quedaría el sector. Sin embargo, en ninguna de las dos instancias judiciales los cosecheros han conseguido triunfo alguno. Hace algunas fechas el TS fallaba en contra de Aceto y ahora lo hace de Fedex cuya deuda es el doble que en Tenerife.
En concreto, Fedex debe desembolsar 8,3 millones de euros de las ayudas percibidas más 3,5 millones de intereses. En su momento se llegó a un acuerdo con la Administración central que implicaba depositar ya la mitad de este dinero y el resto hacerlo a lo largo de cinco años y cuyo primer pago se debe llevar a cabo en estas fechas. Por ello, los cosecheros de ambas provincias tenían puestas sus esperanzas en que el TS paralizara el desembolso hasta que haya una sentencia firme lo que puede alargarse durante varios años. El Supremo reitera que el daño que sufrirían las arcas públicas en caso de que no se devuelva este dinero sería importante por lo abultado de la cuantía.
“No se puede olvidar que las subvenciones suponen beneficios que entrañan distorsiones en el mercado y que por ello existe un claro interés público, habida cuenta de que estos dineros dedicados a fines de interés social y público deben tener una correcta aplicación, de que en la subvención concedida de forma condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones, de fondo y forma, se hayan cumplido íntegramente los condicionantes”, indica el fallo.
Fedex, por su parte, defendió sin éxito que el pago de esta deuda afectará gravemente a la economía de 20.000 familias y pone en peligro la subsistencia del sector económico. Los cultivadores mantienen que además algunas de las personas que recibieron las subvenciones en 2003 ya no ejercen esta actividad con lo cual el peso del abono recaerá sobre sus espaldas lo que resultaría doblemente injusto. Rechazan que en ningún momento hayan incurrido en falseamiento de las facturas y consideran que el error radica en que se compara el transporte del tomate y el pepino que requiere de unas embarcaciones apropiadas y específicas que eleva de forma considerable su coste con el normal.
En su momento un técnico del Ministerio de Fomento elaboró un dictamen, que fue aportado durante el procedimiento judicial que cuestiona la legalidad de las ayudas millonarias cobradas por la Fedex para transportar tomate. “El precio cobrado está muy por encima del mercado porque es el doble del fijado por la consultora Edei”, sostuvo el perito.
