El Consejo Económico y Social propone que los PGE cubran el sobrecoste de la luz en las Islas
El Consejo Económico y Social (CES) considera necesaria una reforma normativa que saque de la tarifa eléctrica los costes ajenos al suministro de electricidad, que en su opinión, deberían financiarse por otros medios, por ejemplo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Esta es una de las propuestas incluidas en el informe El Sector Eléctrico en España, que ha presentado este martes el presidente de la Comisión de Trabajo de Políticas Sectoriales y Medio Ambiente del CES, José Manuel Morán.
El informe señala que debería considerarse la posibilidad de financiar fuera de la tarifa eléctrica los costes de la generación extrapeninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), al tratarse de una política de cohesión territorial, y también, aunque “de forma escalonada”, las ayudas a las energías renovables y las anualidades del déficit tarifario acumulado.
El reciente informe del grupo de expertos sobre transición energética también abogaba por eliminar de la factura eléctrica algunos de los costes recogidos actualmente.
El CES considera que la trayectoria “ascendente” de los precios de la electricidad en los últimos años, incluso en la etapa de crisis, “resulta paradójica”, un comportamiento que vincula con “el incremento de los costes ajenos al suministro”.
El informe recalca que “muchos de los aspectos incluidos entre los costes regulados responden a decisiones de política energética, de cohesión social o medioambiental, y resulta discutible que deban ser financiados a través de la factura eléctrica”.
Según el CES, esta evolución pone de manifiesto las disfunciones que presenta el sistema en cuanto a la determinación del precio, lo que obliga a revisar los mecanismos que lo conforman.
El informe aboga por impulsar los contratos bilaterales y los mercados a plazo, y por fomentar la entrada de nuevos participantes.
El CES cree que los superávit de tarifa registrados en los últimos ejercicios deberían destinarse a amortizar el déficit acumulado.
El estudio también hace hincapié en la necesidad de mejorar la tributación energética “respondiendo a la necesidad de armonizar la fiscalidad medioambiental”, y asegura que existe “un amplio margen” para hacerlo.
Según el CES, “la internalización de los costes medioambientales debe ser el principio a seguir al fijar el tratamiento fiscal de la electricidad en España”.
En este ámbito, el consejo pide reducir el tipo de IVA que se aplica a la electricidad (ahora del 21%), al ser un bien de primera necesidad; revisar el impuesto especial de la electricidad; y suprimir los gravámenes que generan una doble imposición.
Para el CES, la presencia de tributos a la generación de electricidad y al consumo industrial son discriminatorios respecto a los principales socios comunitarios.
El estudio aboga también por clarificar los conceptos de la factura eléctrica y señala que las rebajas establecidas en el bono social “tienen un alcance muy limitado”, ya que se aplican solo a la tarifa regulada y no tienen en cuenta el término de potencia ni los impuestos.
El CES plantea financiar con cargo a los presupuestos la parte del bono social que ahora asumen las comercializadoras.
El informe pide también que se revisen los pagos por capacidad y el mecanismo de interrumpibilidad (que proporciona mejores tarifas a las empresas que están dispuestas a que se les corte el suministro en caso de necesidad).
El CES se refiere también al autoconsumo y asegura que la normativa española recoge “una serie de trabas administrativas” que dificultan su desarrollo.
En este sentido, pide revisar la normativa actual, en concreto el tratamiento de los costes regulados, y reclama una simplificación de los trámites.
El estudio defiende un mix de generación (reparto de producción eléctrica entre las distintas tecnologías) “equilibrado”, que proporcione precios “competitivos”.
Demanda también el desarrollo de las infraestructuras energéticas, en especial de las interconexiones internacionales.
Para el CES, el sector eléctrico debe jugar “un papel fundamental” en el proceso de descarbonización de la economía y en la lucha contra el cambio climático.
No obstante, precisa que la electricidad es “cara”, lo que, a su juicio, dificulta el proceso de electrificación de la economía.
