Greenpeace exige al Gobierno que retire el permiso a Repsol para realizar prospecciones en Canarias
Greenpeace ha exigido este viernes al Gobierno de España que retire definitivamente el permiso a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias.
En un comunicado, el grupo ecologista recuerda que el próximo 18 de noviembre se cumple un año del inicio de los sondeos petrolíferos que Repsol tenía autorizados en Canarias por el Gobierno de España.
Greenpeace considera que a pesar del “enorme” rechazo social e institucional que estas actividades provocaron tanto en Canarias como en el resto del mundo, el Gobierno central “primó los intereses de la petrolera por delante del interés general y de la protección del medio ambiente”.
Agrega que a pesar de que Repsol no ha cumplido la autorización otorgada para perforar frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, el Ministerio de Industria “incomprensiblemente” no ha dictado la extinción del permiso concedido a la multinacional.
Los ecologistas señalan que Repsol renunció expresamente a realizar el resto de sondeos autorizados “y abandonó la zona sin más explicaciones”.
En el comunicado, Greenpeace indica que nadie ha dado una explicación del por qué un barco de la Armada custodió durante dos meses al barco de la multinacional y agrega que no se ha pedido disculpas por la agresión “desproporcionada” sufrida por una activista de este grupo.
El responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea, indica en la nota que los tres activistas heridos en la protesta pacífica siguen a la espera de juicio en el que uno de ellos, la activista herida de mayor gravedad, está acusada de un delito de piratería.
Añade que también resulta contradictorio que de momento solo sea Greenpeace quien ha sido sancionado por defender el mar de las perforaciones en Canarias y recuerda que ha tenido que depositar una fianza de 50.000 euros para poder mover el barco del puerto de Arrecife tras el incidente del pasado 15 de noviembre de 2015 y está pendiente de un proceso administrativo por falta grave con una sanción que podría ser de hasta 300.000 euros, paradójicamente “por poner en peligro de contaminación el mar”.
