Operación de la Guardia Civil contra las viviendas ilegales en suelo rústico en Fuerteventura

El servicio de Medio Ambiente de la Guardia Civil ha impuesto 14 denuncias por infracciones en materia urbanística en el municipio majorero de La Oliva, donde se ha constatado la proliferación de edificaciones y estructuras levantadas de manera irregular con fines residenciales en suelos rústicos.

La actuación se enmarca en la campaña para la erradicación de construcciones ilegales y la correcta ordenación del territorio, ha informado la Guardia Civil.

Se han llevado a cabo una serie de actuaciones en materia urbanística en terrenos clasificados como suelo rústico en el término municipal de La Oliva, todo ello como respuesta al incremento de las construcciones que se estaban detectando en zonas de la isla donde está prohibido este tipo de uso.

Las investigaciones se iniciaron tras detectarse, por parte los agentes del Seprona, la proliferación de construcciones ilegales con fines residenciales, recreativos e industriales en suelos protegidos.

Todo ello, han alertado desde la Guardia Civil, conlleva a la degradación de zonas ambientales sensibles, poniendo en riesgo la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades legalmente asentadas.

Entre las 14 infracciones detectadas se incluyen la instalación de contenedores marítimos, caravanas, viviendas construidas con palets y edificaciones prefabricadas, otras estructuras similares y la acumulación incontrolada de residuos.

Este tipo de conductas suponen un grave atentado contra el paisaje en el entorno natural de la isla, asegura la Guardia Civil.

Asimismo, con la coordinación conjunta del Cabildo de Fuerteventura y la Guardia Civil se han detectado varias infracciones en materias de residuos, bienestar animal y sanidad animal, con hasta 28 infracciones, que una vez elaborados los preceptivos informes serán remitidos al Gobierno de Canarias, competente en la materia.

Este tipo de infracciones contra el territorio pueden conllevar sanciones económicas de elevada cuantía, que pueden alcanzar los 200.000 euros, así como otras medidas administrativas.