Los fiscales envían a juicio a Berlusconi por el 'caso Unipol'
ROMA, 22 (EUROPA PRESS)
El fiscal de Milán, Maurizio Romanelli, ha enviado a juicio de forma oficial al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por el llamado 'caso Unipol', en el que está acusado como cómplice en la revelación de secretos de oficio por la compra irregular de la Banca Nacional de Italia (BNL) por la empresa Unipol.
El fiscal ha aceptado la petición de la juez de instrucción Stefania Donadeo después de que ésta rechazara archivar el caso con respecto a Berlusconi.
El primer ministro está acusado de ser cómplice, junto con su hermano Paolo, de publicar una interceptación telefónica entre el líder de los Democráticos de Izquierda, Piero Fassino, y el ex director de la aseguradora Unipol Giovanni Consorte, en la cual habrían admitido que “ya tienen un banco”, unas declaraciones que fueron publicadas en el diario 'Il Giornale', propiedad de Paolo Berlusconi. Según alegó la juez Donadeo, estas escuchas telefónicas favorecieron a Berlusconi en las elecciones del año 2006.
El administrador Roberto Raffaelli, de Research Control System, una empresa que se ocupa de interceptar llamadas para la Guardia de Finanzas, reconoció que el 24 de diciembre de 2005 llevó un ordenador con el audio de la llamada a una reunión celebrada en la villa de Arcore de Berlusconi, en la que estaban presentes Silvio Berlusconi, su hermano Paolo y el empresario Fabrizio Favata.
Paolo Berlusconi fue enviado a juicio el 10 de junio de 2010, junto con Favata, quien fue condenado a dos años y 4 meses de prisión y a resarcir a Fassino con 40.000 euros por daños morales.
Con este caso, Berlusconi suma un total de cinco procesos abiertos en su contra, dos por fraude fiscal en los casos Mediaset y Mediatrade, otro por prostitución de menores y abuso de poder en el famoso 'caso Ruby' y otro por sobornar al abogado David Mills para que declarara a su favor en un juicio, en el llamado 'caso Mills'.
Además, el mandatario está implicado en un proceso que investiga la Fiscalía de Bari contra el empresario Giampaolo Tarantini, quien está acusado por los magistrados de establecer una red de prostitución para conseguir favores políticos y comerciales. Según los fiscales, Tarantini habría conseguido al menos 30 mujeres para que se prostituyeran con el primer ministro.
