Israel ordena impedir la entrada de Haniye y Hamás asalta la frontera
Una turba de seguidores de Hamás tomaron por la fuerza la terminal, algunos de ellos armados, y se enfrentaron a los miembros de la Guardia Presidencial de Mahmud Abás, que controlan el funcionamiento de ese puesto, principal frontera de la franja de Gaza y única salida al territorio egipcio. Testigos presenciales dijeron los militantes de Hamás han efectuado varios disparos en la terminal y que a los disturbios se han sumado centenares de personas que aguardaban para salir del territorio palestino en dirección a Egipto.
La portavoz de la misión de observación de la UE en Rafah, María Tellería, confirmó que tras el suceso la terminal fue cerrada de forma definitiva durante la jornada de este jueves y que los observadores tuvieron que abandonar la zona. Poco antes, Amir Peretz dio instrucciones al Ejército para que cerrara el paso de Rafah, por el que esta tarde debía penetrar en la franja de Gaza Ismail Haniye.
La decisión, aparentemente, tiene por objeto impedir el regreso de Haniye, que culminaba este jueves su primera gira por varios países árabes y musulmanes de la zona desde que asumió sus funciones en marzo pasado, tras la victoria de Hamás en los comicios legislativos palestinos del pasado 25 de enero. Se cree que Haniye regresa a la franja de Gaza con una importante suma de dinero, procedente de donaciones que ha obtenido en su periplo por la región, donde visitó países como Irán o Sudán, tal y como lo han hecho miembros del gabinete palestino en el pasado.
Fuentes de seguridad israelíes dijeron que la decisión tiene por objeto impedir la transferencia de dinero a la franja de Gaza y no el regreso mismo de Haniye a ese territorio palestino. La portavoz de la misión de la UE en Rafah indicó que el pasdo miércoles atravesaron el paso fronterizo unas 1.498 personas y que la jornada de este jueves es la tercera en lo que va de mes que había sido reabierta la terminal.
Dicha frontera requiere, según un acuerdo alcanzado el año pasado entre israelíes y palestinos con la mediación del Cuarteto para Oriente Próximo, la supervisión de observadores de la UE, que la mayoría de las veces no pueden siquiera acceder a las instalaciones de la terminal. El Ejército israelí, que generalmente alude a razones de seguridad, cierra el puesto de Kerem Shalom, base militar en la que está situado el centro de control en el que israelíes, palestinos y europeos siguen los acontecimientos en la terminal de Rafah por circuito cerrado.
Desde la captura, el pasado 25 de junio, del soldado israelí Guilad Shalit por comandos palestinos y presumiblemente cautivo en Gaza, Israel ha impedido de forma casi ininterrumpida la apertura del paso fronterizo y únicamente ha aceptado su funcionamiento en ocasiones puntuales y debido a razones humanitarias. Por otro lado, fuentes de seguridad palestinas revelaron que, a fin de impedir un estallido de la tensión en la terminal, Israel ha accedido finalmente a permitir la entrada de Haniye en Gaza pero sino transporta ninguna maleta con él.
“Legitimo derecho a defenderse”
La política de “asesinatos selectivos” contra activistas palestinos quedó en pie este jueves tras un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Israel, que permitirá las que se justifiquen con el argumento de la propia defensa.
Ese esperado y ambiguo fallo llega seis años después de que la Comisión de Israel contra la tortura y la Organización Law (Ley) presentaran una demanda para que se prohíban las ejecuciones extrajudiciales contra palestinos considerados jefes de la resistencia, a raíz de la segunda Intifada palestina contra la ocupación israelí. La demora se debió a la diferente sensibilidad en la percepción del concepto de “Intifada” como terrorismo por Israel y como una resistencia legítima contra la ocupación por los palestinos.
El dictamen estipula también que sean indemnizados los civiles inocentes afectados por esos ataques. El presidente del Tribunal, Aharón Barak, en este último fallo de su carrera en el Poder Judicial, sostiene que “es un deber la defensa contra el terrorismo, pero no todos los medios son legales; el fin no justifica los medios, y las Fuerzas Armadas deben operar de acuerdo con la legislación” internacional.
A efectos prácticos, el Ejército israelí podrá atacar a un miliciano palestino que dispare desde el balcón de su casa, aunque ello pudiera afectar a viandantes pues “es legítimo el derecho a defenderse”. El dictamen israelí alega que “los terroristas no son combatientes de la libertad, sino civiles y, cuando participan en actos de violencia, no gozan del derecho a su defensa, según la legislación internacional”, aunque otra consecuencia práctica es que la Fuerza Aérea tendrá que abstenerse de atacar edificios palestinos de viviendas en caso de acometer un “asesinato selectivo”, si en el momento de lanzar la operación hubiese civiles en el lugar.
En cuanto a las reacciones, el diputado del Partido Likud, en la oposición, Yuval Steinitz, felicitó a los jueces porque “han vuelto por sus fueros” al autorizar la continuación de los “asesinatos selectivos”. Parecida opinión expresó el diputado Efi Eitam, de la Unidad Nacional, al manifestar que “en una era de terrorismo, que ve un objetivo en la población civil, el asesinato selectivo es un medio eficaz y moral que permite al Estado defenderse de quienes quieren sembrar la muerte y la destrucción”.
Otro diputado del mismo partido, Tzvi Hendel, criticó el fallo diciendo del Tribunal, al que la derecha israelí tilda de izquierdista, porque “hará temer a los soldados, antes de llevar a cabo esas operaciones, de que terminarán en la cárcel”. La diputada Zehava Gal-On, portavoz del frente pacifista Meretz-Iájad, indicó: “Es una pena que el Tribunal Supremo no haya abolido en forma total esas ejecuciones sin juicio previo, pero, con todo, está bien que, al menos, haya puesto límites”.
El diputado árabe-israelí Ahmed Tibi criticó el dictamen diciendo que, la autorización para que el Poder Ejecutivo y las FFAA puedan continuar con esos “asesinatos selectivos”, al margen de las limitaciones que les hayan puesto los jueces, “es una continuación de la política de seguridad impuesta por Israel desde que ocupó los territorios palestinos en la guerra de 1967”. A su juicio, “esa política permitió confiscar tierras palestinas, deportaciones y otras humillaciones contra los palestinos”.
La demora del Tribunal Supremo en emitir su fallo se debió a la sensibilidad en torno a ese método avalado por el Poder Ejecutivo y empleado por las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo, según la percepción de la “Intifada” en Israel, y vista por los palestinos como una resistencia legítima contra la ocupación militar. Las autoridades israelíes explican esa política destinada a eliminar a líderes y jefes de la rebelión como una solución que, “sin matar a civiles inocentes”, pondría fin al terrorismo, sobre todo tratándose de palestinos considerados “bombas ambulantes”.
En febrero del 2005, el Tribunal Supremo había “congelado” el proceso debido a unas declaraciones del entonces primer ministro israelí, Ariel Sharón, y del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, comprometiéndose a poner fin a la violencia de parte de los dos bandos, y también a los asesinatos extrajudiciales. Los magistrados decidieron en aquellas fechas mantener en suspenso su fallo a fin de observar si los anunciado por Sharón y Abás se cumplía de hecho en el terreno.
Las ejecuciones extrajudiciales cesaron durante varios meses, y se volvieron a ordenar tras una ola de violencia. Según los demandantes, a los que se sumaron otros grupos pacifistas, como Iesh Gvul (Hay un límite), en los seis años transcurridos desde que recurrieron a ese Tribunal Superior, los organismos israelíes de seguridad mataron a 284 activistas palestinos, entre jefes y aun dirigentes políticos, y a otros 146 inocentes en esos ataques, generalmente aéreos.
