Klaus dice que República Checa tiene que negociar una excepción
PRAGA, 9 (Reuters/EP)
El presidente de República Checa, Vaclav Klaus, afirmó este viernes que su país tiene que negociar una excepción al Tratado de Lisboa para protegerse frente a posibles reclamaciones por propiedades confiscadas tras la Segunda Guerra Mundial y para salvaguardar la soberanía del poder judicial.
Klaus dijo que teme que los potenciales demandantes --tras la guerra se confiscaron propiedades a unos tres millones de alemanes expulsados de Checoslovaquia-- puedan sortear el sistema judicial checo si no se establece una excepción al Tratado de Lisboa.
El presidente checo es el último jefe de Estado de los países de la Unión Europea que obstaculiza el proceso de ratificación del Tratado, que reformará las instituciones europeas para facilitar el proceso de toma de decisiones, ya que su homólogo polaco, Lech Kaczynski, lo ratificará este sábado.
Previamente, el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, había explicado tras reunirse con Klaus que el presidente checo quería que su país quede fuera de la Carta de Derechos Fundamentales incluida en el Tratado de Lisboa para proceder a la ratificación de este documento.
Klaus hizo saber el jueves al primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, que quería que se introdujera una nota a pie de página en el documento antes de proceder a su firma y una vez que el Tribunal Constitucional checo diera su visto bueno, aunque no había especificado de qué trataba la nota.
“Su petición es que para República Checa haya un acuerdo similar (...) al de Polonia y Reino Unido en la ratificación de la Carta de Derechos Fundamentales”, explicó Buzek.
El Tratado de Lisboa, una vez ratificado, convierte en legalmente vinculante la Carta de Derechos Fundamentales, ya existente, en todos los Estados miembros salvo en Reino Unido y Polonia, que consiguieron quedarse fuera con el respaldo de los Veintisiete.
Diplomáticos europeos conocedores del proceso legal de la UE indicaron que el Gobierno checo, y no Klaus, podrían pedir a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete que aprueben una denominada “declaración política” en la cumbre de finales de este mes en Bruselas que podría adjuntarse al tratado. Esto sería similar a las garantías legales que se dieron a Irlanda después de que rechazara el Tratado en el referéndum de junio de 2008.
