La propuesta de la UE contra la trata abre la puerta a penalizar a los consumidores de prostitución

La Comisión Europea ha propuesto una nueva estrategia de lucha contra la trata de seres humanos (2021-2025). Según los últimos datos disponibles sobre trata de personas en la UE, entre 2017 y 2018 hubo 12.514 víctimas de trata registradas, de las cuales el 60% sufrían explotación sexual. En total, 4.880 mujeres y 1.726 niñas víctimas de trata fueron explotadas sexualmente en la UE. En el documento publicado por la Comisión se afirma con rotundidad que la trata con fines de explotación sexual es una forma de violencia de género, arraigada en las desigualdades de género. La situación de crisis económica y social provocada por la COVID-19 ha exacerbado estas desigualdades y empeorado el nivel de vida de las mujeres y niñas de las clases más precarizadas, facilitando la acción de los traficantes a la hora de encontrar víctimas. 

La estrategia europea persigue crear un marco legal y político común en todos los Estados que incluya de forma transversal las diferentes etapas del proceso: desde la prevención hasta la condena de los traficantes y de los consumidores. Para ello, la Comisión plantea establecer unas normas mínimas comunes para criminalizar el consumo consciente de prostitución derivada de la explotación de víctimas de trata. Si bien la estrategia no especifica el instrumento jurídico que se podría emplear para ello, la idea que está encima de la mesa es clara: Penalizar a aquellos que, en última instancia, consumen los cuerpos de personas en situación de vulnerabilidad que se ven obligadas a prostituirse. Criminalizar, por fin, a los hombres que se aprovechan de las esclavas del siglo XXI. Esta propuesta supone, además, un hito en el avance en la lucha contra la trata de personas ya que una definición común en todos los estados de la UE permitiría abordar la heterogeneidad en la interpretación de este delito en los distintos regímenes legales, una circunstancia que aprovechan los traficantes para no ser sometidos a la justicia. Sin embargo, al tratarse de una competencia nacional, la decisión final reposa en manos de los gobiernos europeos, quienes deben tener voluntad de cooperar para convertir la propuesta en algo tangible.

La mayor dificultad en la persecución de los casos de trata de personas es la tipificación del delito, es decir, que se cumplan los requisitos legales que determinan que una persona ha sido víctima de trata. En el ordenamiento jurídico español el delito de trata de seres humanos está tipificado como tal siempre que se de una situación en la que una persona es trasladada en contra de su voluntad, por medio de violencia, intimidación, engaño o una situación de abuso de una situación de vulnerabilidad. El problema reside en que los traficantes desarrollan técnicas y estrategias de captación que burlan la ley, haciendo uso de elementos propios de la cultura específica de la persona o invadiendo su espacio personal. Una de las figuras más problemáticas es la del lover-boy, una persona de la organización que persuade a la víctima hasta ocupar un espacio importante en su intimidad. El perfil de estas suele ser el de chicas jóvenes, con limitados o nulos recursos económicos y que se encuentran en situaciones vulnerables. El lover-boy convence a las víctimas de viajar a España para lograr una vida mejor y, una vez allí, la organización toma el control de sus vidas, sus horarios y sus cuerpos. 

Según el estudio Diagnóstico de la prostitución de Mujeres en Canarias, publicado en 2016 por el Instituto Canario de Igualdad, en torno a 3.000 mujeres son prostituidas en el Archipiélago. En el informe, se identifica una tendencia creciente de las prácticas violentas. Por un lado, prácticas sexuales violentas, derivadas de la fantasía de violación, una tendencia muy extendida en el consumo de porno, y, por otro lado, violencia directa contra las mujeres, que llega a implicar secuestros, retenciones contra su voluntad y amenazas de muerte.

¿Dónde están las mujeres migrantes que han llegado a Canarias en el último año?

Begoña Vera, responsable de formación, sensibilización e incidencia del programa Daniela Oblatas incide en que todas las mujeres que trabajan en el ámbito de la prostitución están sujetas a una situación de vulnerabilidad y por ende, son víctimas de trata. En España, el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución son migrantes. La gran mayoría de las mujeres subsaharianas que arriban a las costas canarias en patera desde hace tres años son víctimas de trata. Sin embargo, el programa Daniela-Oblatas, centro referencial para hacer valoraciones, no ha recibido, desde marzo, a ninguna mujer para determinar su situación como víctima de trata. 

Las mujeres migrantes sufren a lo largo de su camino continuas vejaciones, violaciones y abusos físicos y psicológicos. A pesar de ello, no se aplica una perspectiva de género en la implementación de la política migratoria, ni en la recepción en el territorio europeo. Las migrantes víctimas de trata, señala Begoña Vera, ya han sido vendidas en origen y acometen su proceso migratorio para llegar al destino que se les ha asignado. Las redes de trata y tráfico de personas financian el viaje con el objetivo de alcanzar prostíbulos situados en Alemania o Italia. Una vez llegan allí, trabajan unos años para los proxenetas y cuando han saldado su deuda, pueden empezar a enviar dinero a sus familias en sus países de origen. 

El nuevo modelo migratorio reposa sobre la mercantilización de los cuerpos de las mujeres de apenas 18 años, que emigran de sus países como víctimas de trata y son explotadas sexualmente en Europa. Por ende, es imperante establecer una legislación europea fuerte y estricta, que persiga a los traficantes y a los consumidores y que garantice la protección de las mujeres y niñas víctimas de trata.