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Sangrienta reapertura de la Mezquita Roja de Islamabad

Al menos 15 personas murieron este viernes y decenas resultaron heridas en un atentado suicida en las cercanías de la Mezquita Roja de Islamabad, donde la Policía cargó contra cientos de estudiantes radicales que protestaban contra el Gobierno paquistaní en el día de la reapertura del centro.

Según una fuente policial de Islamabad, el objetivo del ataque era un contingente policial desplegado para controlar a los estudiantes, que habían logrado tomar la Mezquita Roja en el día de oración y reclamaban la vuelta de su líder radical y el retorno sus principios integristas.

El ataque se produjo junto a un grupo de policías que se encontraban en el exterior del Hotel Muzzafar, próximo a un mercado y a medio kilómetro de la mezquita, muchas de las decenas de heridos son agentes, según la fuente.

La Policía reconoció la relación entre el ataque suicida, el segundo registrado en la capital en dos semanas, y el asalto llevado a cabo por el Ejército contra la Mezquita Roja durante la madrugada del 10 al 11 de julio.

La mezquita, regida por integristas que propugnaba la ley islámica en Pakistán, fue tomada por el Ejército en una operación -llamada “Silencio”- en la que al menos un centenar de personas perdieron la vida.

Tras pintar con tonos blanquecinos los muros de la mezquita, el Gobierno permitió hoy la celebración de las tradicionales plegarias del viernes, que fueron suspendidas por acción de cientos de estudiantes que protestaban contra el presidente, Pervez Musharraf.

Aunque la Policía no intervino contra las protestas en un primer momento, más tarde inició cargas con gases lacrimógenos, después de que los estudiantes radicales dijeran por los altavoces del interior del recinto que habían tomado el control de la mezquita y que no permitirían la vuelta del Gobierno.

Los estudiantes, seguidores del clérigo radical Rashid Ghazi -que pereció en el asalto del pasado día 11-, habían impedido previamente que el nuevo líder nombrado por el Gobierno, Ashfaq Ahmed, iniciara las oraciones.

Entre cánticos contra Musharraf, los estudiantes reclamaron por los altavoces la entrega de los cuerpos de la madre y el hijo de Ghazi -cuyos cadáveres el Gobierno dice ser incapaz de identificar- así como la liberación de su hermano, Abdul Aziz, que afronta una acusación por terrorismo.

Aziz, el principal dirigente del centro, había sido capturado el pasado 6 de julio, cuando intentaba escapar de la mezquita oculto bajo un “burqa”, unos días antes del comienzo del asalto.

Los estudiantes después de tomar el control del centro repintaron simbólicamente los muros del edificio con el color por el que era conocido, el rojo.

Además, izaron banderas con eslóganes a favor de la yihad (guerra santa), entre gritos de “Musharraf es un perro” o “Ghazi, tu sangre llevará a la revolución”.

Según Geo Tv, tras el atentado las autoridades se apresuraron a declarar la alerta roja en Islamabad, que ya había sufrido otro acto de violencia el pasado 17 de julio, cuando un ataque suicida reventó un acto previsto por el presidente del Supremo, Iftikhar Chaudhry.

En ese atentado ya murieron 16 personas, mientras que otras 63 resultaron heridas, la mayoría de ellas miembros de la formación opositora Partido Popular de Pakistán (PPP), que, liderada por la ex primera ministra exiliada Benazir Bhutto, fue la única que apoyó al Gobierno en la operación de asalto.

El asalto del Ejército a la Mezquita Roja dio pie a una ola de ataques contra las tropas y atentados suicidas, sobre todo en las áreas tribales del oeste de Pakistán, donde los radicales tienen una mayor presencia.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Los atentados, más de una decena, causaron más de 150 muertos en apenas una semana, pero los radicales amenazaron con cometer más ataques en un panfleto publicado el pasado día 23 y distribuido en el área de Miran Shah, que, en pleno cinturón tribal, es una de las zonas más afectadas por la violencia.

El documento, que califica a Musharraf de “infiel”, da la opción de “abandonar la lucha o enfrentarse a más ataques suicidas” a los soldados, quienes, en palabras del ministro del Interior, Aftab Khan Sherpao, son el objetivo principal de los ataques suicidas desde la operación de la mezquita.

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