La Fiscalía pide la demolición de los chalés de La Bufona construidos en suelo rústico

El juicio de La Bufona ha quedado visto para sentencia. El caso investiga a los promotores que construyeron una urbanización de 53 viviendas sobre suelo protegido y en unos terrenos que no eran suyos. En estas casas vive la presidenta del PP en Lanzarote y alcaldesa de la capital, Astrid Pérez. En sus conclusiones, la Fiscalía ha acusado al arquitecto Federico Echevarría y al constructor Antonio Caro de un delito contra la ordenación del territorio y ha retirado el delito de desobediencia, al no haber pruebas suficientes de que los promotores desoyeron una orden de paralización de las obras.

Así, el fiscal Carlos Fernández Seijó ha rebajado las penas a cuatro años de prisión y seis años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio relacionados con la construcción y promoción inmobiliaria. El Ministerio Público también ha solicitado la demolición del as construcciones de las parcelas A1, A2 y A3 que invaden suelo rústico de protección ecológica.

Por su parte, la acusación particular mantuvo las acusaciones por los delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia. El letrado que representa a la familia Murillo, propietaria de los terrenos donde se construyó parte de La Bufona, ha exigido la demolición de todo lo construido en suelo rústico en las 14 viviendas situadas al norte de la calle Chabusquillo. También ha solicitado el derribo de otras viviendas localizadas en las parcelas A3, B1, B2, B3 y B4 por invasión parcial de zonas verdes y aparcamientos y viales públicos.

La acusación particular acusa a los promotores de un delito de desobediencia grave por no respetar la orden de precinto y paralización de obras ordenado en el año 2000 por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias. El letrado apuntó que constan informes técnicos de la Agencia que demuestran que la urbanización no finalizó hasta el año 2004.

Sobre la vivienda de Astrid Pérez ya pesa una resolución firme de demolición. En 2013, la Apmun ordenó la demolición parcial del chalet de la política por haber realizado obras en suelo rústico. Entre ellas, una piscina de 36.9 metros cuadrados y diferentes ampliaciones. La popular nunca recurrió esta orden. Sin embargo, la vivienda está intacta.