La presidenta del Cabildo de Lanzarote acusa a Pedro San Ginés de “connivencia” con su amigo abogado que cobró un millón de euros de Inalsa y del Consorcio

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, compareció ante el pleno celebrado este lunes para “destapar” la connivencia del expresidente insular, Pedro San Ginés, con su amigo, el abogado Ignacio Calatayud, que permitió que este último cobrara un millón de euros de Inalsa y del Consorcio. “Él estaba al tanto de todo”, explicó Corujo, que “desmontó la trama urdida por ambos” para “tratar de ocultar este auténtico escándalo”, según ha explicado la Corporación este martes.

Corujo detalló la relación de sucesos acaecidos a partir de una “sorprendente visita de Ignacio Calatayud al poco de acceder a la Presidencia”. Las dudas surgidas sirvieron para iniciar una investigación que ha desenmascarado la auténtica realidad, “no la que quiere vender Pedro San Ginés, que miente cuando dice que el millón de euros cobrado por Calatayud se corresponde con las costas judiciales”. La presidenta aclaró que las costas “son siempre del cliente y nunca del abogado”, tal y como afirma categóricamente el Tribunal Supremo y es ya jurisprudencia consolidada. Así que “cada vez que repita que Calatayud no cobró de Inalsa sino que cobró las costas estará reconociendo que su amigo se apropió de dinero público con su connivencia”.

La presidenta presentó documentación judicial para acreditar que Calatayud y los abogados de la parte contraria “alcanzaron un acuerdo transaccional para la liquidación de las costas”, y que no fue el juez quien las fijó, “tal y como insiste San Ginés, que no se ruboriza al mentir. El juzgado no fijó ni autorizó nada”, insistió Corujo, “sino que se limitó a aprobar las transacciones porque se le decía que las partes así lo habían acordado”.

“San Ginés pudo salir inmediatamente a expresar su consternación y repulsa ante la opinión pública; pudo pedir una investigación que arrojara luz al asunto, pero prefirió salir a defender a Calatayud y a acusarme de mentir y a amenazar con acusarme de difamación. De algún modo, esta actitud despejaba la duda de si era cómplice o si Calatayud se había aprovechado de su amistad”.

Corujo responsabilizó al expresidente de vulnerar todas las normas de contratación “de manera grosera”, ya que aceptó los presupuestos de su amigo-abogado de forma verbal, sin ningún contrato ni expediente. “Permitió que interviniera de forma irregular en el procedimiento concursal y se personara en cinco incidentes concursales, en uno de ellos, además, también por el Consorcio. Este último deja en evidencia a San Ginés y demuestra que miente cuando niega su responsabilidad en la contratación de los incidentes ya que el Consorcio no estaba en procedimiento concursal y, por tanto, los administradores judiciales no pudieron darle conformidad”.

Calatayud se personó en solo cinco de los más de veinte incidentes producidos durante el concurso de acreedores, “curiosamente aquellos en los que podía haber costas jugosas. Y se personó clandestinamente, para poder apropiarse de ellas con el conocimiento y la connivencia de Pedro San Ginés”, afirmó Corujo.

Preguntas sin respuesta

La presidenta apuntó que San Ginés podría disipar las dudas contestando a un puñado de preguntas. “Sin embargo, se siente más cómodo en la opacidad, el enredo y el insulto que caracterizaron su presidencia”, añadió.

“Queda claro que ha mentido y mucho, que ha ocultado demasiado. El único que conocía el pelotazo del millón era Pedro San Ginés, que lo ha ocultado incluso a los suyos, que no hubieran entendido por qué se beneficiaba de manera tan obscena a un abogado cuyo único mérito era ser su amigo. Un amigo, por cierto, que nos ha costado un dineral y nos ha hecho perder otro”, apuntó Corujo.

“Sin embargo, lo más triste, asombroso y vergonzoso es que contrataba a su amigo de manera irregular al mismo tiempo que denunciaba a gente inocente ante la UCO y el juzgado, a los que daba clases de contratación advirtiendo que las empresas y entidades públicas no pueden contratar a dedo nada que supere 18.000 euros y que tampoco pueden hacerse contratos verbales porque los prohíbe la ley. Es una auténtica pena” lamentó Corujo “que se olvidara de sus excepcionales conocimientos a la hora de contratar a su amigo”.

“Ahora toca que sean otras instancias las que califiquen estas conductas y determinen las responsabilidades personales de quienes se han enriquecido con dinero público”, concluyó la presidenta.