La Policía Local de la capital detecta un aumento de uso fraudulento de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida

La Policía Local  de Santa Cruz de La Palma ha detectado “un aumento de uso fraudulento de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR)”, destaca el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Apunta que “los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de La Palma han retirado, en las últimas semanas, cuatro tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad que eran utilizadas fraudulentamente para el estacionamiento en las plazas reservadas para PMR”.

Añade que “se detectaron a dos conductores que hacían uso de estas tarjetas especiales de estacionamiento que pertenecían a familiares que ya habían fallecido”. 

Indica que en “el primero de los casos denunciados, los policías observaron que dicha tarjeta estaba en muy mal estado de conservación y que algunos datos esenciales, como su caducidad, eran ilegibles”. De esta forma, los agentes detectaron que “el documento no era de la conductora sino de su madre, la cual había fallecido hacía cuatro años, aunque ella, supuestamente, seguía aprovechando el uso del documento, se apunta en la nota.” En otra intervención los agentes,   agrega, “en una comprobación rutinaria, detectaron que el documento no era del conductor sino de su hijo, el cual había fallecido hace dos años”. 

En otro caso, el titular del documento “se encontraba ingresado en el Hospital General de La Palma mientras su tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad era utilizada por un tercero”. En el cuarto caso, “los agentes observaron como la tarjeta para personas con movilidad reducida no solo se encontraba caducada sino, además, se hacía uso de una persona distinta a la titular. Favoreciéndose para estacionar en los reservados para personas con diversidad funcional”, subraya. 

Apunta que “al margen de estas actuaciones, los agentes de la Policía Local retiran diariamente tarjetas irregulares y fotocopias que, aunque no constituyen delito, sí son objeto de sanción administrativa”.

La Policía Local, concluye, ha registrado “un aumento de estos casos que impiden y dificultan el uso de estos espacios a los usuarios autorizados, personas que verdaderamente lo necesitan y por eso se han aumentado los controles sobre este tipo de autorizaciones especiales que concede el Gobierno de Canarias”.