Tijarafe se une a la Agencia de Protección del Medio
El alcalde del Ayuntamiento de Tijarafe, Lorenzo Lorenzo Sosa, y el director ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), Emiliano Coello, han suscrito un convenio de adhesión que persigue estrechar lazos de colaboración en materia urbanística y ambiental, informa en un comunicado el citado organismo del Gobierno de Canarias.
El convenio implica que Tijarafe se une como miembro de pleno derecho a los órganos de decisión de la APMUN, delegando en la Agencia la inspección, supervisión, sanción y restablecimiento por las infracciones a las normas municipales y de la ordenación urbanística en suelo rústico. En la La Palma ya están consorciados los ayuntamientos de San Andrés y Sauces, Breña Alta, Mazo, El Paso y Puntagorda, además del Cabildo.
Emiliano Coello ha manifestado su satisfacción por esta última incorporación, valorando positivamente que Tijarafe se sume a un organismo que vela por la legalidad urbanística y medioambiental, y que prioriza la prevención y la colaboración institucional como ejes de trabajo. A través de este convenio, con vigencia de cuatro años, prorrogándose automáticamente por iguales períodos de tiempo, el Ayuntamiento aportará 4.808,90 euros anuales para sostenimiento económico de la APMUN.
Coello ha subrayado la importancia de que cada vez más instituciones se sumen a este proyecto, porque es la mejor fórmula de conseguir buenos resultados y hacer descender las infracciones, “sobre todo en momentos de crisis económica como el que atravesamos”. En fechas próximas se adherirán a la APMUN Haría y San Bartolomé, de Lanzarote; Puerto del Rosario (Fuerteventura), El Pinar (El Hierro); y Arafo (Tenerife).
En La Palma durante el año 2012 se incoaron 172 expedientes, de los cuales 73 fueron por infracciones sobre residuos o vehículos abandonados, 74 por infracciones constructivas al Decreto Ley 1/2000, 16 por infracciones al mismo Decreto pero no constructivas, dos por contravenir la Ley de Costas, cinco por impacto ambiental, uno por extracción de áridos, y uno más por contravenir la legislación en materia de envases
