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Unidos Podemos lleva al Congreso la accesibilidad de la playa de la capital

Asegura que las obras “incumplen los derecho reconocidos en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social”.

Los bañistas se dirigen a la playa. Foto: JOSÉ AYUT.

Los bañistas se dirigen a la playa. Foto: JOSÉ AYUT.

Unidos Podemos ha emitido un comunicado en el que informa que la diputada Carmen Valido preguntará en el Congreso de los Diputados por qué la playa de Santa Cruz de La Palma, recientemente inaugurada, no cuenta con una accesibilidad universal después de una inversión de 34 millones.

Señalan que “el pasado 16 de mayo la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, acudió a inaugurar la playa de Santa Cruz de La Palma, una obra que ha costado 34 millones de euros –la más alta de los últimos cinco años en materia de costas- y que supone un importante impulso a la capital palmera y en general, a la isla: un espacio multifuncional para los vecinos y vecinas”. “O, como bien denuncian los colectivos de personas con discapacidad, para una parte de los mismos, porque las obras se han realizado sin tener en cuenta la accesibilidad, incumpliendo nuevamente derechos reconocidos en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social”.

Una situación “insólita a estas alturas, aunque sea tristemente reincidente”, en palabras de la diputada de Unidos Podemos Carmen Valido, quien ha decidido llevar el asunto al Congreso, y cuestionar al Gobierno sobre el motivo por el que la accesibilidad universal no fue prevista en el diseño y ejecución de este proyecto. También preguntará si tiene previsto imponer una sanción administrativa a las empresas responsables por esta acción y/o omisión que supone una vulneración de la ley de discapacidad –posibilidad que también recoge la ley- y por último, si tiene una estimación de lo que costará a las arcas públicas canarias reformar las obras para garantizar su accesibilidad. Porque el Gobierno de Canarias ya ha anunciado intervenciones para solventar esta carencia que, como subraya Valido, “supondrán un nuevo gasto público que se podría haber evitado si la accesibilidad universal se hubiera contemplado desde el principio”.

Recuerdan que esta infracción “no sólo supone el incumplimiento de la mencionada ley sobre los derechos de las personas con discapacidad, sino que también contradice los propios objetivos del Programa de Accesibilidad Turística encuadrado dentro del Plan del Turismo Español Horizonte 2020, que se marca como objetivo principal: facilitar el acceso, la movilidad y las comunicaciones de los clientes, revalorizando turísticamente las infraestructuras de transporte, tecnologías y servicios”.

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