Los alcaldes de CC de La Palma rechazan “la incautación” de los superávits municipales

Coalición Canaria en La Palma rechaza “la incautación de los superávits municipales por ser una medida injusta e insolidaria que pone en riesgo la capacidad de los ayuntamientos para seguir prestando servicios básicos” y exigen al Ministerio de Hacienda que “retome la negociación para alcanzar un acuerdo de consenso con el que, además, se permita a los ayuntamientos disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años”.

Así lo han manifestado este sábado en una rueda de prensa Marcos Lorenzo, alcalde de Tijarafe; Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso; Jonathan Felipe, alcalde de Breña Alta; Patricia Hernández, primera teniente de alcalde de Fuencaliente y David Ruiz, primer teniente de alcalde de Tazacorte. Antonio Acosta, primer teniente de alcalde de Santa Cruz de La Palma, no pudo estar presente por encontrarse fuera de la Isla.

Marcos Lorenzo señaló que “el acuerdo adoptado entre la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda, avalado únicamente por el voto de 10 alcaldes de socialistas, no representa, de ninguna manera, el sentir general de los ayuntamientos de este país y por eso, desde Coalición Canaria, pedimos que este acuerdo se mejore en el trámite parlamentario, dando a los ayuntamientos más libertad a la hora de usar sus fondos y que se garantice que podrán seguir contando con recursos para atender las necesidades más básicas de los vecinos y vecinas”.

“Seguiremos colaborando lealmente con el Estado, pero no podemos aceptar este chantaje tal y como se nos plantea, ya que, si no estamos dispuestos a dar ese préstamo al Estado, no se nos va a permitir participar en el reparto de otro tipo de recursos que vienen de los Presupuestos Generales del Estado y que nos corresponden a todos los españoles, con independencia del municipio en el que vivan”, añadió el alcalde de Tijarafe.

En este sentido, Jonathan Felipe señaló que el Estado “está viendo en estos momentos a los ayuntamientos como una carga, sin tener en cuenta que la primera línea de asistencia a los ciudadanos la están dando las administraciones locales y, por eso, descapitalizarlas es un grave error”.

“La FEMP se vio sometida a mucha presión para aprobar este acuerdo y estoy convencido de que los 10 alcaldes socialistas que votaron a favor lo hicieron con la nariz tapada, sabiendo que le están dando la espalda a las necesidades reales de los municipios de toda España”, recalcó el alcalde de Breña Alta. “Todos los alcaldes y alcaldesas del país están esperando a que en el Congreso de los Diputados se llegue a un acuerdo muy distinto al que recoge este decreto del Gobierno que no debe, en ningún caso, ser convalidado”.

Por su parte, Sergio Rodríguez lamentó que “el PSOE, que ha sido muy crítico durante años con la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Gobierno del PP, haya perdido la oportunidad de modificarla para levantar, en estos momentos de crisis, las restricciones al gasto que tienen los ayuntamientos. No han sido valientes cuando han tenido la posibilidad de hacerlo”.

“Me preocupa que en el seno de la FEMP se haya roto la consigna con la que hemos trabajado en los últimos años, en los que se ha trabajado con responsabilidad y consenso a favor del municipalismo y al margen de los intereses de las siglas políticas. Ahora, se ha abierto una brecha en el seno de la Federación en pro de los intereses de un solo color político que sienta un precedente preocupante”, apuntó el alcalde de El Paso.

Los ediles de CC en La Palma advierten “del riesgo que supone para los ayuntamientos sumarse a este acuerdo cerrado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda, ya que corren el riesgo real de descapitalizarse y de no poder atender a obligaciones básicas como el pago de nóminas o el mantenimiento de servicios”.

Los alcaldes consideran que “hay otras alternativas y, en este sentido, proponen que se tome en consideración la propuesta acordada por unanimidad en el seno de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para que se permita a los ayuntamientos utilizar directamente los remanentes y superávits que han generado, y que los consistorios que no cuenten con este recurso puedan acudir a un fondo estatal de compensación, al igual que se ha hecho con las autonomías”.

“Una vez más, los ayuntamientos tienen la sensación de que no se les está tratando como administraciones mayores de edad, capaces de decidir cuáles son sus prioridades de actuación. Da la impresión de que el Gobierno quiere salvar a toda costa su programa político al margen de las necesidades reales de los municipios y, por eso, ha delimitado estrictamente a qué ámbitos de actuación deben destinarse los 5.000 millones que va a repartir entre los consistorios que estén dispuestos a prestar su dinero al Estado”, dicen.

Los ayuntamientos gobernados por Coalición Canaria en La Palma se suman así a todos lo que, a nivel nacional, “rechazan este acuerdo de la FEMP y el Ministerio de Hacienda que ha salido adelante con el único apoyo de los ediles del PSOE, que supone una situación inaceptable de agravio comparativo entre municipios y que perjudicará a cientos de miles de personas”, concluyen.