Cabrera: “La subvención para activar dos pozos no era a fondo perdido y fue avalada por informes técnicos, jurídicos y económicos”

El consejero de Aguas del Cabildo, Carlos Cabrera, ha rechazado la denuncia que ha presentado la Asociación Agua para La Palma ante la Fiscalía Anticorrupción por el convenio suscrito entre el Consejo Insular de Aguas, órgano adscrito a la Corporación Insular, por un importe de casi un millón de euros, y la comunidad de propietarios del pozo El Roque para ponerlo de nuevo en producción.

Cabrera asegura que “la subvención para activar dos pozos en la zona este de La Palma no era a fondo perdido, no era un regalo para nadie, y fue avalada por informes técnicos, jurídicos y económicos”. Acusa al colectivo denunciante de presentar otras denuncias ante los tribunales para que “el agua pública sea más cara en la Isla”. “Reiteramos desde el grupo de Gobierno que lo volveríamos a hacer porque era necesario para La Palma contar en ese verano de 2020, tras la inactividad de un montón de años en esta área, poner más agua en el sistema, era fundamental que tomáramos esa decisión”, resaltó.

“Llama poderosamente la atención que después de tres años de tomar un acuerdo por la Junta de Gobierno y por la Junta General del Consejo Insular de Aguas para reactivar dos pozos en la zona este de La Palma se lancen a la opinión pública desinformaciones sobre supuestas irregularidades. Nada más lejos de la realidad, y los saben perfectamente ellos (la asociación denunciante) y el resto de fuerzas políticas que tienen representación tanto en el Cabildo como en el Consejo Insular de Aguas”, subrayó.

“En aquel momento tomamos la decisión, en 2019, una decisión valiente, como otras que hemos tomado, que era activar unos pozos, porque se estaba discutiendo desde 2015 que había que activar pozos porque había una situación de sequía tremenda y era necesario poner agua en el sistema”, recordó, y añadió que “actuamos según lo que nos decían los técnicos, que era activar dos pozos en esta zona con carácter prioritario porque eran los mejores y conseguimos en agosto de 2020 llevar agua fundamentalmente a la zona sur de la Isla, y la pusimos, 1.600 pipas/hora, y logramos revertir una situación que era terrible en aquellos momentos”, recordó.

“Esas decisiones que tomaron la Junta de Gobierno y la Junta General fueron decisiones avaladas por los informes correspondientes, informes técnicos positivos, informes jurídicos positivos, informe de la gerencia positivo, informe de la Intervención del Consejo Insular de Aguas, positivo. Es decir, no hay ni un solo informe contrario a la suscripción de ese convenio”, afirma.

“Una inversión que, además, iba a ser recuperada, porque no olvidemos un detalle muy importante, que no era una subvención a fondo perdido, no era un regalo para nadie, era una inversión para poner en funcionamiento dos pozos y que, luego, el Consejo Insular de Aguas recibiera, en los próximos años, como está ocurriendo ahora, agua pública a cambio de ese dinero, esa subvención que se invirtió en la puesta en funcionamiento de esos dos pozos”, explica.

“Creo que es una iniciativa interesante desde el punto de vista público, sin duda alguna, y, reiteramos, dos órganos de Gobierno del Consejo Insular de Aguas lo aprueban y los informes técnicos, jurídicos y económicos avalan al 100% esa operación”, remarca.

“Por tanto, reiteramos desde el grupo de Gobierno que lo volveríamos a hacer porque era necesario para La Palma contar en ese verano de 2020, tras la inactividad de un montón de años en esta área para poner más agua en el sistema, era fundamental que tomáramos esa decisión”, añade.

“Quiero recordar que esta no es la primera denuncia que se presenta, se han presentado algunas otras, curiosamente, sobre la decisión que tomó el Consejo Insular de Aguas para que todos los habitantes de nuestra isla tuvieran un precio razonable del agua pública, que unos no pagaran más que otros, sino que todos pagáramos lo mismo, 14 céntimos por pipa; pues bien, esos mismos denunciantes ya han denunciado y está ahí, en periodo de prueba, esa ordenanza y ese acuerdo, que beneficia sin duda alguna a todos los habitantes de nuestra isla, y principalmente al sector primario que tenía unos precios del agua pública tremendos”, expuso.

“Lo que piden al tribunal, curiosamente, en esa denuncia, pero eso se lo callan, no quieren que lo sepamos, es que subamos el agua, es decir, que en lugar de estar pagando 14 céntimos por pipa, el agricultor vuelva a pagar esa agua pública a 26, a 27, a 28 o a 30 céntimos/pipa, esa es otra de las denuncias que han presentado en los tribunales, de la que no se han hecho mucho eco porque no interesa decirlo, allá cada cual con los intereses que tiene detrás para hacer ese tipo de denuncia y proponer al juzgado que el agua pública de La Palma sea más cara”, concluye Cabrera.