El Gobierno de Canarias avanza que La Palma ya ha recibido 600 millones en apoyo público para su recuperación económica y social

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presidido este miércoles una reunión de trabajo sobre el marco territorial para la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica en la que se ha seguido perfilando el contenido de los decretos leyes que serán aprobados a lo largo del mes de febrero por parte del Ejecutivo regional. Al término de esa cita, el presidente de Canarias ofreció los datos actualizados de las aportaciones económicas con origen público aprobadas para La Palma como consecuencia del volcán, que ya superan los 600 millones de euros. 

La convocatoria, se indica en una nota de prensa del Ejecutivo regional, ha contado con la participación del consejero regional Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena; la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende; el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y representantes de los ayuntamientos afectados (Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso). También asistieron miembros del equipo técnico que conforman las empresas públicas Gesplan, Gestur y Grafcan, todas ellas adscritas a la Consejería autonómica de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. 

En declaraciones a los medios tras finalizar la reunión, el presidente de Canarias subrayó la importancia de esta convocatoria, cita que se prolongó durante tres horas y en la que se analizaron los borradores de los decretos leyes en que se trabaja con los vecinos afectados. Estos se prevén llevar al Consejo de Gobierno, con todos los informes técnicos necesarios para validarlos, en el mes de febrero. Torres anunció que habrá una reunión con los afectados en la tarde del 20 de enero próximo, día en el que, durante la mañana, se celebrará una Comisión Mixta para la Reconstrucción de La Palma con la presencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En ella, también se abordarán estos asuntos. 

El presidente Torres recordó que, hasta ayer martes, la ayuda pública a La Palma ha ascendido a 605 millones de euros, según informes de los servicios económicos de las administraciones implicadas. De ellos, 264 millones se han destinado a viviendas y alojamientos para los afectados. Según los últimos datos, se han entregado 258 casas, quedan 40 que se están rehabilitando en Breña Baja y que quizás puedan entregarse a las familias en febrero, lo que elevaría la cifra a 298. Según recalcó, “se trata de un esfuerzo sin precedentes”. 

Torres también remarcó que un total de 531 familias reciben ayudas al alquiler del Gobierno canario, con un importe máximo mensual de 594 euros, así como que en los hoteles solo quedan dos familias unipersonales que están esperando por un piso. Cuando se resuelvan estos dos casos, todas las familias que perdieron su única vivienda contarán con una casa provisional como respuesta habitacional. 

Los 30.000 euros de la Comunidad Autónoma por familia, garantizados 

El jefe del Ejecutivo autonómico indicó que los 30.000 euros por familia que entregará la Comunidad Autónoma a las familias afectadas serán una realidad en el menor plazo posible, después de que resultara imposible incluir esta partida regional en el expediente de las ayudas de Estado durante 2022. Ello obligó a elaborar nuevos expedientes por cada caso según las obligaciones de la ley. Este retraso se le ha explicado mediante una carta a las familias, texto en el que se garantiza la entrega de esos fondos (incluidos en el Presupuesto regional de 2023), según recalcó el presidente, quien remarcó que la voluntad era entregarlos en 2022, pero esto lo han impedido las exigencias legales. 

También se han distribuido 11,5 millones de euros regionales para enseres en estas viviendas provisionales, siempre en función de los datos con los que cuenta el departamento de Derechos Sociales, 88,9 millones para fomento del empleo en 2022 o los 107 para empresas, autónomos y sectores económicos afectados, con 25 millones para el sector primario, especialmente el platanero y pesquero. 

Torres subraya la importancia del futuro decreto ley de carácter residencial y del otro agrícola, con los que se pretende coordinar todos los suelos, dónde y cómo construir, y cómo encauzar la reconstrucción de la isla. “La voluntad es acabarlos en febrero y llevarlos a su aprobación en el Parlamento de Canarias”, dijo el presidente. Según insistió, “queremos seguir trabajando con todas las administraciones, buscando los puntos en común, junto con los vecinos de todos los barrios afectados de forma paralela y con el mayor esfuerzo posible”. En este sentido, dejó claro que se sigue trabajando para que haya alternativas para los vecinos de La Bombilla y Puerto Naos, que, por los gases, aún no pueden regresar a sus domicilios. 

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata destacó la intensidad de la reunión y la prioridad que se le está dando a la respuesta habitacional. Zapata agradece la “rigurosidad ” del Gobierno al cumplir los plazos anunciados sobre los borradores de los decretos leyes, a los que se añadirán ahora las propuesta de mejora del Cabildo y de los tres ayuntamientos, para que la reconstrucción sea lo más completa posible en el ámbito económico, industrial, agrícola, pesquero, social y turístico. 

Importancia de la reunión con los vecinos del día 20 de enero 

Las conclusiones extraídas este miércoles, se apunta en la nota, se trasladarán y consensuarán con la ciudadanía afectada por la erupción, en los encuentros vecinales que se desarrollarán a partir del próximo día 20 de enero en la isla. De esta manera, señala, se seguirá implicando a la población palmera en este proceso de reconstrucción, tal y como ha venido sucediendo desde el primer momento a través de los talleres participativos promovidos por parte del Gobierno. 

Una vez se haya trabajado esta propuesta con las vecinas y vecinos implicados, añade, se procederá a la aprobación de los textos finales por parte del Gobierno de Canarias. Estos documentos, entre otros aspectos, indica, se centrarán en reconstruir las edificaciones y en la recuperación de la normalidad de los afectados, que podrán disponer de un nuevo marco urbanístico. Este les permitirá desarrollar los usos del suelo acorde a sus necesidades habitacionales, económicas y sociales e infraestructuras asociadas (incluyendo la actividad agrícola). En el texto, concluye, se abordan los distintos tipos de viviendas afectadas, los derechos de cada propietario, tipos de ocupación y la ejecución de las instalaciones necesarias para el desarrollo de determinadas actividades económicas.