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El Cabildo recoge la experiencia de agentes socioeconómicos para elaborar la Estrategia de Uso Público de los Espacios Protegidos

En la imagen, el volcán de Teneguía, Espacio Natural Protegido. Foto: JUAN JOSÉ SANTOS.

La Palma Ahora

Santa Cruz de La Palma —

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Personal de la Unidad de Educación Ambiental del Cabildo de La Palma, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente que dirige María Rodríguez, continúa trabajando de la mano de los agentes ambientales de la Isla en la elaboración de la Estrategia de Uso Público en los Ámbitos Competenciales de la Gestión del Medioambiente en la Isla de La Palma. Para eso, responsables de esta Área han trasladado a ayuntamientos, empresas y colectivos el documento marco que ya ha redactado la Corporación insular con el objetivo de darlo a conocer y recabar las aportaciones que estas entidades puedan hacer, basadas en su experiencia y conocimiento, al mismo, informa la institución insular.

“Uno de los principales objetivos que nos hemos fijado en este mandato es el de la conservación y protección de nuestro patrimonio natural, algo en lo que nos enfocamos en las distintas acciones que ponemos en marcha y que es clave para garantizar que nuestra Isla Bonita mantenga su esencia natural en el futuro, por lo que es esencial esta labor que realizamos mediante la elaboración de la Estrategia de Uso Público de los Espacios Protegidos”, recuerda la consejera.

María Rodríguez remarca la importancia que tiene para este fin dar a conocer a los distintos agentes ambientales de la Isla el documento marco, cuyo borrador ya se encuentra desarrollado por la Corporación insular, y poder contar con la experiencia y conocimiento de estos para “nutrirlo de realidad y lograr elaborar una estrategia realista que sea una hoja de ruta de las iniciativas a desarrollar de cara a alcanzar los distintos objetivos marcados”, defiende.

En este sentido, la consejera explica que esta estrategia será el documento marco de la Consejería de Medio Ambiente que determinará las políticas y directrices de la administración ambiental para la gestión del uso público en el ámbito insular en el periodo comprendido entre 2022 y 2030.

Para ello, desde la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, se trabaja en esta regularización con el objetivo de favorecer la convergencia de visiones para contribuir a la defensa y puesta en valor de la diversidad biológica y cultural de la Isla; fomentar la mejora de la calidad de la experiencia recreativa y educativa de las personas usuarias y a una mejora socioeconómica local.

“Por eso, es esencial la gestión del uso público, integrando la dimensión social y la ambiental para responder a la necesidad de compatibilizar los diferentes usos del territorio con su necesaria conservación”, explica María Rodríguez.

¿Qué es y para qué sirve el Uso Público de los Espacios Protegidos?

El Uso Público se entiende como el conjunto de actividades recreativas, sociales, educativas o culturales que puede realizar la población en los espacios naturales con intención de disfrutar y conocer su patrimonio. Para eso, la Administración debe velar, a través de programas, servicios y/o instalaciones, por el acercamiento a sus valores naturales y culturales de una forma ordenada y segura, garantizando en todo momento la conservación y la difusión de tales valores.

En esa línea, el Cabildo trabaja en esta estrategia que se sustenta en seis ejes principales, que son la planificación; la investigación para la acción; la educación e interpretación del patrimonio; los equipamientos e instalaciones; la gobernanza y participación y el desarrollo de la estrategia.

Con ese fin, el personal de Medio Ambiente del Cabildo ha dado a conocer a profesionales de la Corporación insular, así como a otros agentes implicados en esta materia en la Isla, el documento y ha recabado las aportaciones realizadas por los mismos.

El proceso continuará abierto a la recogida de propuestas e impresiones hasta finales del mes de enero de 2023, tras lo cual se volverá a presentar públicamente antes de su puesta a disposición para la aprobación por los órganos competentes del gobierno insular.

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