La Consejería de Presidencia designa en La Palma al primer facilitador judicial para un procedimiento en Canarias
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha designado a la primera persona facilitadora judicial en un procedimiento penal en Canarias, que tendrá lugar en Santa Cruz de La Palma, indica en una nota de prensa. La intervención, señala, se ha dispuesto para un juicio oral para prestar apoyo a una persona que debe asistir como testigo.
Esta designación por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia supone, añade, la primera aplicación del decreto que regula la figura del personal experto que actúe como facilitador para prestar apoyo a las personas con discapacidad y personas mayores, en las sedes judiciales y fiscales de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 15 de septiembre.
La consejera Nieves Lady Barreto destaca el avance que supone “en la construcción de una Administración de Justicia más accesible, inclusiva y adaptada a las necesidades de todas las personas, especialmente de aquellas que precisan apoyos específicos para participar en condiciones de igualdad en los procedimientos judiciales”.
La figura del facilitador judicial, se explica en la nota, tiene como finalidad favorecer la comprensión y la comunicación durante las actuaciones procesales, adaptando la información y las interacciones a las necesidades de la persona, sin sustituir su voluntad ni interferir en las funciones de los profesionales que intervienen en el procedimiento.
El decreto establece que, además de las personas con discapacidad, las personas mayores de 65 años podrán acceder a este recurso cuando lo soliciten, mientras que en el caso de las personas mayores de 80 años podrá acordarse la intervención de una persona facilitadora, aunque no exista una solicitud previa, cuando se aprecie la necesidad de este apoyo.
La aplicación de las medidas, conclue, será progresiva: desde 2026 en los asuntos de naturaleza penal, desde 2027 en los órganos judiciales del orden civil y desde 2028 en los restantes órganos judiciales.
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