El decreto para reconstruir viviendas destruidas por el volcán beneficiará a unas 50 familias

El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un decreto ley con excepciones urbanísticas para la reconstrucción de viviendas en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte y de las que se podrán beneficiar entre 50 y 60 familias afectadas por la erupción volcánica.

El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, y el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, han explicado en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el contenido de este decreto ley que permite a los afectados que dispongan de suelos en los que puede haber problemas por su calificación la reconstrucción de sus viviendas.

Para ello deberán cumplir con una serie de condiciones en materia de edificabilidad, ya que las nuevas viviendas deberán tener las mismas características que las destruidas o afectadas por la erupción volcánica, así como mantener su uso de vivienda habitual.

Valbuena ha insistido en que se trata de un paso más en la reconstrucción del entorno del Valle de Aridane ya que se trata de la construcción de viviendas definitivas, y ha subrayado que se ha tenido en cuenta el arraigo de los afectados en la zona.

Ha comentado que el decreto ley ha sido sometido a diferentes debates entre todas las administraciones implicadas en la gestión post eruptiva y ha citado al Gobierno de España, con el que se ha tratado la compatibilidad de la normativa, y con las administraciones locales, tanto los ayuntamientos como el Cabildo de La Palma, y cuya conformidad, ha dicho, la tienen por escrito.

El consejero ha recordado con respecto a las viviendas que se encuentran fuera de ordenación que el decreto ley permite su reconstrucción pero solo con una altura.

Valbuena ha especificado que solo se permitirá la reconstrucción en suelo rústico siempre que éste sea de protección común o agrícola pero nunca en aquellos que tengan una calificación especial de protección, como en los espacios naturales.

Una elemento importante, ha proseguido el consejero, es que quién tiene que autorizar esta construcción son los plenos de los ayuntamientos, y ha considerado que con ello se pretende la corresponsabilidad administrativa en la reconstrucción de la isla.

“Empezamos a poner soluciones definitivas para los afectados”, ha incidido Valbuena, que ha precisado que una vez que se publique el decreto en el Boletín Oficial de Canarias entrarán en vigor estas nuevas normas en los tres ayuntamientos afectados.

En su opinión, este decreto ley es diferente al resto de medidas excepcionales adoptadas por la conformidad administrativa y política que ha tenido y que, a su juicio, marca “una ruta” que no se debe perder.

Ha señalado que aunque se trata de un instrumento más en la reconstrucción de la isla, al que se deberán sumar otros, es importante porque atiende la demanda habitacional, que era una de las más importantes.

El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ha dicho que este decreto ley permite iniciar la construcción de nuevas viviendas en suelos en los que de forma ordinaria no se podría construir, y ha considerado que se trata de dar una solución definitiva a los afectados, tras las medidas inmediatas adoptadas.