El Gobierno asegura que la Justicia jugará un papel clave en la reconstrucción de La Palma

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha puesto en valor este viernes la importancia del Poder Judicial, tanto en la gestión de la emergencia volcánica de La Palma como a la hora de abordar los retos legales de la reconstrucción, y ha recordado que el decreto del 5 de octubre, impulsado por el Ejecutivo autonómico, fue fundamental para dar una respuesta ágil y coordinada a la crisis volcánica, informa el Ejecutivo en nota de prensa.

Carla Vallejo, que ha participado en el ‘Diálogo Institucional: el papel de la Justicia en la reconstrucción de La Palma', desarrollado en el Espacio Cultural CajaCanarias de la capital palmera, en sustitución del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presente en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, celebrada en Sevilla, ha afirmado que “la crisis vulcanológica supuso un reto a todos los niveles y, por supuesto, el reto jurídico no fue ni será nada menor”.

Ha señalado que la Justicia, como servicio público esencial que es, no paró durante la emergencia en La Palma. “Pocos juicios fueron suspendidos. Hubo mucha violencia de género que fue atendida. También dotamos a los órganos judiciales de los medios necesarios para hacer su trabajo, reforzando las limpiezas extraordinarias, los traslados a las sedes judiciales y potenciando la parte tecnológica, actualizando los ordenadores y los sistemas de comunicaciones para facilitar los juicios telemáticos y ser más ágiles”, ha expuesto.

La viceconsejera ha destacado también la rápida respuesta del Poder Judicial a la hora de facilitar las herramientas legales para gestionar la emergencia. Ha explicado que el 5 de octubre, tres semanas después de la erupción del volcán (el 19 de septiembre), ya estaba aprobado un primer decreto ley que planteaba medidas específicas para las personas afectadas, tales como la instalación de notarías en los municipios damnificados.

“Este decreto no solo dio respuesta a la emergencia, sino que se anticipó al futuro”, ha dicho Carla Vallejo, ya que, según ha indicado, esta norma prevé la posibilidad de dictar planes específicos para atender el incremento de litigiosidad relacionado con la crisis o el acceso a la justicia gratuita a las personas que el volcán mermó su capacidad económica.

En la misma línea, ha apuntado que “nos vamos a encontrar con desafíos importantes y no solo en La Palma. Hay conflictos que trascienden la isla y que serán analizados a muchos niveles. Pero ya nos hemos anticipado a ello”, ha subrayado.

Ha querido igualmente destacar el trabajo que la Justicia presta en La Palma. “El sistema funciona en la isla mucho mejor de lo que debería con los medios que cuenta. No obstante, la crisis volcánica ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con medios técnicos e instalaciones para cubrir las necesidades existentes”, ha indicado, a la vez que ha aludido al compromiso de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias de reforzar los servicios del Partido Judicial de Los Llanos de Aridane y los Juzgados de Santa Cruz de La Palma.

“Lo aprendimos en la pandemia, pero quedó certificado durante la crisis volcánica. Los medios técnicos nos garantizan una respuesta más eficaz. El Gobierno de Canarias tiene un compromiso firme de mejorar las infraestructuras en La Palma y la situación del personal, lo cual redundará en el desarrollo de la isla, atrayendo a más y mejores profesionales jurídicos”, ha recalcado Carla Vallejo.

A todo ello debe añadirse el esfuerzo y el compromiso de notarios y registradores, que también supieron poner en marcha servicios inmediatos y ágiles de respuesta a las demandas de los afectados en relación con la documentación y la constancia registral de sus propiedades y derechos.

La reconstrucción, todo un reto

En el citado acto, la viceconsejera ha estado acompañada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo; el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, Juan Antonio Rodríguez, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata.

El presidente del TSJC ha comentado que tras el volcán se está viviendo “una situación inédita” en términos jurídicos. Todo “un reto” para el que ha garantizado “el máximo compromiso” por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial con el fin de ofrecer una respuesta rápida y fundamentada a las solicitudes de la ciudadanía y las administraciones.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma ha explicado cómo desde su institución, desde el primer momento, se pusieron al servicio de las personas afectadas por el volcán para asesorarlos en sus demandas.

El presidente del Cabildo palmero ha hecho hincapié en la sensibilidad que están teniendo las diferentes instituciones públicas con la isla. También ha resaltado que, “por primera vez”, se celebre una sala de gobierno del TSJC fuera de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. “Una muestra más del compromiso, el cariño y la solidaridad que han expresado con La Palma todas las instituciones de España”, ha agregado Zapata.