La ONG Tierra Bonita inicia una encuesta entre afectados por la erupción sobre el retraso en el abono de las ayudas alquiler

La ONG Tierra Bonita pone en marcha una encuesta entre afectados por la erupción volcánica sobre “el injusto retraso en el abono de las ayudas alquiler”, informa en nota de prensa. Esta asociación palmera invita a “participar en una encuesta que ha puesto en marcha entre las familias afectadas por la erupción volcánica solicitantes de las subvenciones al alquiler de viviendas, tras constatar los problemas que sufren por tener que adelantar durante muchos meses (hay casos de hasta 9) el abono de la renta antes de que el Gobierno canario les transfiera estas ayudas económicas”, asegura.

“Con los datos obtenidos, y las firmas de las personas perjudicadas por estos retrasos, esta asociación tiene previsto enviar un escrito al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) para solicitar que corrija este procedimiento, al considerarlo injusto en una ayuda social de emergencia como la que se vive en La Palma, y pase a abonar estas subvenciones mensualmente, para que las familias beneficiarias, que perdieron sus viviendas en esta catástrofe, no se vean con la soga al cuello durante meses”, dice.

Quienes deseen participar en esta encuesta pueden aportar sus datos acudiendo al local de Tierra Bonita, en calle Tanausú, 18 A, de El Paso, hasta el 25 de enero, por las tardes de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas, y sábados y domingos de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

A los participantes se les solicita información como el número de Registro Único de Afectados, nombre del beneficiario de la ayuda, meses que lleva sin ingresarla, importe del alquiler mensual, metros del inmueble alquilado y número de habitaciones. La ONG aclara que “la encuesta podría recabar más datos que ayudaran además a entender cómo viven las familias en cada espacio y el precio que pagan, pero para simplificarla la asociación se ha limitado a pedir esta información por medio de la colaboración de los propios afectados”. Los resultados estadísticos de la encuesta se darán a conocer públicamente, respetando la Ley de Protección de Datos.

Esta ONG convocó la pasada semana una reunión con asociaciones de afectados para tratar este problema, algunas de las cuales han constatado este problema, y ha recibido también quejas a título individual de personas que lo están sufriendo.

“El propio ICAVI, en la web oficial del Gobierno canario, ya advierte de forma clara que, tras el primer pago de estas subvenciones, para volver a recibir el dinero, hay que presentar cada cuatrimestre los recibos justificativos del abono del alquiler, dentro de los tres meses meses siguientes”, apunta.

Tierra Bonita insiste en que “el lento procedimiento burocrático que está siguiendo el Gobierno canario con estas subvenciones no es ético y resulta totalmente inadecuado para el problema que se pretende resolver, que es ayudar a las personas damnificadas por esta catástrofe a que puedan afrontar los gastos de alquilar una nueva casa en La Palma, en complicadas circunstancias para muchas unidades familiares, ya que a la destrucción total o parcial de su hogar por la lava, se unen otros daños (fincas agrarias, empresas, empleos, segundas residencias que generaban rentas complementarias y problemas de salud derivados de la erupción); a lo que hay que añadir la subida de los precios en el sector inmobiliario de la isla, que han seguido «una lamentable senda especulativa» a raíz del aumento de la demanda tras la destrucción de más de 1.400 por la lava”, explica.

A juicio de esta ONG, “el abono mensual de las ayudas no debería suponer mayor problema que la gestión ordinaria y mensual de nóminas de empleados y cargos públicos”.

Para esta asociación humanitaria, “el hecho de que este retraso del pago de las ayudas sea el procedimiento habitual en otras convocatorias de subvenciones al alquiler del ICAVI en toda Canarias no implica que deba aceptarse como justo para el caso de la población damnificada por el volcán en Cumbre Vieja, ya que, muy al contrario, en realidad es «claramente injusto también» para el resto de las familias del Archipiélago que sufren este mismo problema burocrático”, concluye.