Medio año para que una prueba de ADN certifique la relación de madres e hijos migrantes en Canarias

La plataforma Canarias Libre de CIE ha denunciado este jueves retrasos de hasta seis meses en la realización de las pruebas ADN que certifique la relación filial entre las madre e hijos inmigrantes que se encuentran en el Centro de Atención Integral gestionado por Cruz Roja situado en Santa Cruz de Tenerife.

La plataforma ha informado en un comunicado de que esta situación ha sido denunciada ante el Defensor del Pueblo y en los próximos días en la Fiscalía de Menores ante el retraso de unos resultados que “no tendrían porque demorarse por más de tres semanas” según el protocolo marco de protección de menores no acompañados.

Hechos que se siguen produciendo “a pesar de que esta situación” fue denunciada en febrero de 2020 en Gran Canaria ante el Defensor del Pueblo y a nivel mediático debido a “las graves consecuencias que este tapón en las pruebas de ADN estaba teniendo para numerosas personas”, ya que bloquea en Canarias a los perfiles más vulnerables, familias con menores a cargo y unidades monoparentales“.

Ante “esta vulneración de sus derechos”, un grupo de mujeres y un hombre afectados han solicitado información sobre el estado de sus pruebas de ADN a los grupos de menores de la Brigada de Extranjería y Fronteras, que es la competente en esta materia, sin recibir respuesta hasta la fecha, se añade en la nota.

En apoyo a sus demandas, desde el Colectivo Harimaguada se ha elevado una queja ante el Defensor del Pueblo y en los próximos días a la Fiscalía de Menores exponiéndoles el caso, que cuenta con el respaldo de la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes, la Plataforma Feminista 8M Tenerife y la Plataforma Canarias Libre de CIE.

Según estas asociaciones, estas familias que han visto frustrado su camino migratorio se encuentran “día tras día esperando una información que nunca llega, se sienten atrapadas y desesperanzadas, sin sentir que se muestre interés y proactividad en solucionar su situación”.

En este contexto, las asociaciones que han denunciado entienden que “en ningún caso se respeta el interés superior del menor”, y con este retraso se sitúa a las familias y menores en condiciones perjudiciales para su salud.

Estado continuo de alerta, abatimiento familiar, falta de esperanza en el futuro, imposibilidad de reagrupación familiar y de articulación de contextos óptimos para el desarrollo del niño y falta de libertad de movimiento, son algunas de las situaciones que experimentan.

Por todo ello solicitan el cese de “estas prácticas de negación del derecho a la información de las mujeres y familias, que las coloca en un estado de espera, indefensión e incomprensión continua agravando aún más su difícil situación y deteriorando su vida y la de sus hijas”.

Asimismo, piden que cese el bloqueo al que se ven sometidas y se permita su tránsito migratorio que las permita reunirse con sus familiares e iniciar una vida que está siendo obstaculizada durante meses, colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad.

También reclaman que las instancias competentes procedan a la resolución de sus expedientes y notifiquen los resultados de dichas pruebas en el menor tiempo posible a estas familias.