Nueva Canarias acusa al concejal de seguridad de Mogán de apoyar a los policías condenados por apalear a un migrante
Este lunes se conocía la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas en la que se ha condenado a siete años y seis meses de prisión a dos policías locales de Mogán, en Gran Canaria, por delitos de tortura y lesiones contra un inmigrante subsahariano al que propinaron una paliza en enero de 2011. El fallo, además, obliga al Ayuntamiento de Mogán a responder como responsable civil subsidiario por importe de 43.682,55 euros.
En este sentido, Nueva Canarias ha expresado que el concejal de seguridad y el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, también asuma el pago dada su actuación “negligente en este asunto”. La formación nacionalista en el municipio del sur de Gran Canaria argumenta esta postura tras el “posible apoyo” que Navarro parecía estar dando a los agentes procesados con su presencia en el desarrollo de las sesiones judiciales, expone el grupo en una nota.
Nueva Canarias calificó de “sorprendente” el hecho de que el actual concejal de seguridad actúase de esta manera, ya que en la sesión plenaria del 20 de abril de 2014, fue uno de los portavoces que exigió al anterior alcalde la apertura de un expediente disciplinario contra los agentes implicados en esta agresión. Además, tal y como refleja el acta de dicha sesión plenaria, el concejal exigió que se actuase del mismo modo con todos los agentes, ya que era conocedor de otro caso en el que se procedió a la apertura del correspondiente expediente, y se acordó la suspensión de empleo y sueldo de este, detalla la formación en el comunicado.
Sin embargo, la formación política asegura que desde el momento en el que Navarro se convirtió en el responsable de la gestión de la seguridad del municipio, no hizo “absolutamente nada” por iniciar la tramitación administrativa de dicho expediente que, de forma interna, determinase que estos agentes actuaron o no con pleno sometimiento a la ley y al derecho. El concejal de policía, según asegura Nueva Canarias, fue capaz, por otro lado, de suspender de empleo y sueldo a otros cuatro agentes a los que la justicia les acabó dando la razón y que, según la opinión del concejal, habían incumplido una orden de precinto, cuestión que se demostró “incierta y que finalizó con el archivo de todos los expedientes que impulsó Navarro”, detalla la nota.
La formación nacionalista también pone de manifiesto que la abogada que asistió a uno de los policías procesados, Maria del Pino López Acosta, es la misma que defiende al primer teniente de alcalde de Mogán en la causa por la que se le investiga por la comisión de un posible delito de amaño electoral.
Para Nueva Canarias, esta situación se vuelve un “auténtico despropósito” por las contradicciones en la que incurre el concejal, “pues por un lado se erigió como el defensor de los derechos de los inmigrantes y, por otro, parece apoyar a los policías que son condenados por darle una paliza a un ciudadano senegalés”, denuncia en el texto.
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