Un año del atentado de ETA que enterró la esperanza de paz

Con el atentado en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, del que este domingo se cumple un año, ETA rompió el alto el fuego que mantenía desde el 24 de marzo de 2006 y puso fin una vez más a las esperanzas de paz en España. La banda terrorista, que no mataba desde el 30 de mayo de 2003, cuando un coche-bomba acabó con la vida de dos policías nacionales en Sangüesa (Navarra), reapareció asesinando a dos inmigrantes, los ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, de 35 y 19 años, respectivamente, sorprendidos por la enorme explosión que destruyó casi por completo el módulo D del aparcamiento de la T-4.

El aviso se recibió a las 08.10 horas, momento en el que la Policía comenzó a desalojar los 309.000 metros cuadrados de aparcamiento, distribuidos en seis módulos de cinco plantas cada uno, y a buscar la furgoneta con la carga explosiva, que no fue localizada hasta 37 minutos después, ya que los terroristas habían facilitado “bailados” los números de la matrícula. No hubo tiempo de intentar desactivar la bomba, porque quedaban sólo diez minutos para la hora fijada para la explosión, que causó daños por valor de 30 millones de euros en el aparcamiento y de 4,5 millones en la terminal y en las pasarelas que comunicaban ambos edificios.

La satisfacción de los agentes que habían participado en la evacuación se vio ensombrecida poco después, cuando los familiares de Palate y Estacio, que se habían quedado a dormir en sus vehículos mientras aterrizaban las personas a las que habían ido a recoger, comunicaron que éstos estaban desaparecidos. La búsqueda de los cuerpos, sepultados bajo toneladas de escombros, se prolongó hasta el 6 de enero, cuando fue recuperado el cadáver de Estacio, mientras que el de Palate había sido sacado de las ruinas del aparcamiento en la madrugada del día 4.

Desarticulado el núcleo duro

Un año después del atentado, los autores materiales del mismo no han sido aún identificados, según fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional -donde el juez Santiago Pedraz dirige las investigaciones-, aunque sí ha sido desarticulado el considerado “núcleo central” del comando que lo perpetró. Así lo destacó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de la detención el pasado 1 de septiembre en la localidad francesa de Cahors de los etarras Luis Ignacio Iruretagoiena, Oihan Barandalla, Ander Múgica y Alaitz Aramendi.

Las Fuerzas de Seguridad consideran que la casa de Cahors era la “fábrica” de coches-bomba de ETA y que allí se confeccionó el artefacto explosivo que luego fue cargado en la furgoneta -robada el 27 de diciembre en Francia a un vecino de Oñati (Guipúzcoa) que permaneció tres días retenido por los terroristas- con la que se cometió el atentado. La bomba, “muy sofisticada” y de gran potencia, llevaba la “firma” de Iruretagoiena, según los investigadores, que estudian la vinculación de éste con otros dos etarras detenidos en Francia este año, José Juan García González e Iker Mendizabal, a quienes se intervinieron sustancias con las que supuestamente experimentaban en busca de explosivos cada vez más destructivos.

Según el informe remitido por la Policía Científica al juez Pedraz, ETA empleó en la T-4 una mezcla de explosivos: uno de naturaleza inorgánica con una base de nitratos -como el amonal o el amosal- y un segundo, exógeno, que se empleó como multiplicador del efecto detonante. La magnitud de la explosión fue tal y causó tantos daños que los trabajos de demolición duraron dos meses y la reconstrucción del aparcamiento afectado se prolongó hasta el pasado septiembre.

El día 20 de ese mes un Citröen rojo fue el primer vehículo que accedió al renovado módulo D, donde un monolito -en la plaza 403- y una columna seccionada -en la 614- recuerdan a los dos jóvenes a los que ETA asesinó enterrando de paso, una vez más, la esperanza del fin del terrorismo.